Director del CIES-Fundación Aletheia
En un artículo anterior [1], con base en una publicación del gobierno
nacional [2], había sostenido que la actual situación de pandemia y crisis
social y económica que atraviesa Argentina, puede ser aprovechada para un
peligroso avance de la economía. Estado e imponer, como veremos, una nueva
normalidad que atenta contra los derechos más elementales de la persona.
Veamos algunas declaraciones.
Alejandro Grimson, consultor presidencial y uno de los ideólogos de la
"nueva normalidad" a la que apunta el actual gobierno nacional, dijo:
"La democracia toma decisiones de acuerdo a reglas que ella misma
establece" [3].
Por su parte, Paula Canelo dijo que esta situación excepcional representa
una oportunidad para construir una nueva estatalidad y "... la discusión y
definición de una ética específicamente estatal que defina valores e intereses
comunes a todos: solidaridad, igualdad y responsabilidad de la salud pública
" [4].
Diego Szulwark, dijo: “Un estado fuerte activa mecanismos excepcionales de
salvación que en el futuro podríamos hacer regular (...) una reflexión que debe
ampliarse a partir de una visión estrecha hacia una salud pública más amplia,
incluyendo la producción, la circulación y consumo) " [5].
Sin duda, esta nueva estadidad que pretende imponer es un paso peligroso
hacia la construcción de un estado totalitario, por las siguientes razones.
En primer lugar, reivindicar un Estado fuerte cuyos mecanismos de salud
pública se vuelven regulares y habituales, extendiendo las intervenciones
públicas a las diferentes formas de producción, circulación y consumo, como
dice Sztulwark, presupone la injerencia del Estado en áreas que no son las
propias. competencia, comprometiendo así la seguridad jurídica, la propiedad
privada y el buen funcionamiento de las instituciones de una economía de libre
mercado. Un ejemplo de esta línea es la reciente decisión del gobierno nacional
de expropiar una empresa local por vía judicial y con ayuda de acreedores,
acción justificada por razones de seguridad alimentaria muy cuestionables [6].
Sin duda, el Estado, como garante del Bien Común, tiene un papel determinante
en el orden económico y social, pero en todo caso sus mecanismos de
intervención, debidamente motivados, no deben ser habituales y menos aún las
intervenciones públicas deben extenderse a ámbitos propia de la iniciativa
privada.
La prudencia, virtud por excelencia de los gobernantes, dice que la
intervención del Estado debe guiarse por el principio de Solidaridad, a través
del cual interviene directamente y cuando el Bien Común lo requiere y justifica
(por ejemplo, con el desempleo), y según el principio de Subsidiariedad, para
lo cual interviene indirectamente estimulando, animando, ordenando,
reemplazando y completando la iniciativa privada. [7]
En cuanto a las afirmaciones de Paula Canelo de que se debe crear una nueva
estadidad y ética estatal que defina los valores e intereses colectivos, cabe
señalar que afecta la identidad de la nación. De hecho, la nación es custodia
de los lazos de sangre, religión, solidaridad interna, cultura y valores que
identifican a una comunidad de hombres con respecto a los demás, el estado no
es otro que el orden político y jurídico de la nación. Y este sistema puede,
como sucede a menudo, contrastar esos valores y sentimientos nacionales. Por
ello no es competencia del Estado definir valores o una ética estatal, sino que
por el contrario el Estado debe estar al servicio de la Nación y alimentarse de
su matriz identitaria y cultural para poder cumplir adecuadamente su propósito,
el Bien Común [8].
Finalmente, si la Democracia significa tomar decisiones, estas decisiones
deben respetar el orden establecido antes de cualquier forma de gobierno, por
el contrario, si la Democracia decide según las reglas que se fija, como dice
Grimson, y estas reglas no se ajustan al ser de las cosas, esta Democracia se
convierte en la peor forma de totalitarismo. Por poner un ejemplo, en la actual
situación de pandemia, de acuerdo con esta nueva ética estatal y mientras las
autoridades proclaman la salud del pueblo como objetivo primordial, el gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires ha gastado más de 25 millones de pesos en los
últimos meses en comprar píldoras abortivas, amenazando así el derecho más
básico como es el de la vida [9]. La decisión se tomó de forma democrática.
Juan Pablo II dijo correctamente; "Una auténtica democracia sólo es posible
en un estado de derecho y sobre la base de una correcta concepción de la
persona humana”. Al respecto, se debe observar que, si no existe una verdad
última que actúe como guía y orientación para la acción, las ideas y creencias
humanas se explotan fácilmente con fines de poder. Una democracia sin valores
se convierte en un totalitarismo flagrante o sutil, como muestra la historia
" [10].
Que el Sagrado Corazón de Jesús salve al pueblo argentino de esta nueva
normalidad.
Notas
[1] La reedición del Leviathan: Publicado en La Prensa el 3/06/2020 y en la
página web del Observatorio Internacional Card. Van Thuan para la Doctrina
Social de la Iglesia el 12/06/2020 https://www.vanthuanobservatory.org/ eng /
argentina-la-reedición-de-leviatán-el-futuro-después-de-la-pandemia-por-daniel-passaniti
/
[2] El futuro después del COVID-19: argentina.gob.ar/argentina-futura.
[3] Ibíd., p. 6.
[4] Ibíd., págs. 19, 22.
[5] Ibíd., p. 34.
[6] Caso Vicentín, Decreto PEN 522/2020 de 9 de junio de 2020.
[7] Ver Compendio DSI, Nro. 167, 168, 185, 186, 187, 192, 193, 195 y 351.
[8] Carmelo E. Palumbo: Guía para un estudio sistemático de la DSI, Ed CIES
-4ta edición, Bs As 2004.
[9] NOTIVIDA: Año XX –Nro. 1199, de fecha 17/06/2020.
[10] SS Juan Pablo II: Centesimus Annus, Nro. 46
Publicado en: Observatorio Van Thuan, 30 de junio de 2020
