Por Mario Meneghini
(Discurso pronunciado en la Academia Argentina de Historia; actualizado al 1-6-2022)
I. Introducción
No soy un historiador; no obstante,
mi actividad de investigar la realidad política argentina me obliga a
escudriñar el pasado para entender mejor el presente. Al hacerlo, debo
esforzarme en lograr la mayor objetividad utilizando los criterios de la
disciplina histórica, que tiene, al decir de Menéndez Pelayo, “en quien
honradamente la profesa, cierto poder elevado y modelador que acalla el tumulto
de las pasiones hasta cuando son generosas y de noble raíz”, puesto que “la materia
de la historia está fuera del historiador, a quien con ningún pretexto es lícito deformarla”.
Me pareció oportuno destinar esta
comunicación al análisis de los motivos y circunstancias del comienzo de la
guerra de Malvinas en 1982. Con motivo de cumplirse 40 años de la recuperación
de las islas, considero necesario procurar desentrañar la verdad de lo sucedido,
puesto que el tiempo transcurrido y la multiplicidad de opiniones discordantes
produce confusión y lleva al desaliento en la sociedad argentina; de allí la
necesidad de un análisis integral, a través de una investigación bibliográfica
que permita llegar a conclusiones plausibles y fundamentadas. Es posible,
afirmaba Ricardo Paz sobre el tema, “siguiendo estas huellas confusas, llegar a
conclusiones ciertas sobre lo esencial del conflicto”; puesto que “la política,
sobre todo la política exterior, tienen poco de esotérico”.
Ernesto Palacio reflexiona que “toda historia es una síntesis, y la labor de
quien la emprende se asemeja a la del minero empeñado en extraer de un material
turbio el precioso filón, siguiendo la dirección de la veta”
.
En esta exposición, me ocuparé
únicamente de rastrear los motivos que condujeron a que se produjera el
enfrentamiento bélico, describiendo los hechos ocurridos entre el 16 de
diciembre de 1981 y el 2 de abril de 1982.
Pese a la cantidad de obras
publicadas, una cierta proporción de las mismas no resulta confiable para un
análisis serio, en razón de no haber examinado todos los aspectos involucrados,
o estar teñidas de una posición ideológica.
En esta categoría incluimos el llamado informe Rattembach pese
que abarca un total de diecisiete volúmenes. En efecto, la propia Comisión
creada por el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº 200/12, para revisar el
material antes de darlo a publicidad, luego de treinta años de permanecer en
secreto, afirma que parte de los documentos constituyen “apreciaciones a título
personal”, y “revelan de parte de sus autores ignorancia o desconocimiento de
elementos sustanciales de la controversia”. A ello debe agregarse que el mismo
presidente de la comisión, Teniente General Benjamín Rattenbach, efectúa
esta aclaración agregada a mano en el
folio 291: “Firmo en disidencia, porque estando de acuerdo con el contenido de
este informe, inclusive la definición de responsabilidades, no estoy de acuerdo
con su orientación, su estructura, su extensión y el tiempo invertido para su
presentación”.
En cambio, resulta de suma
importancia el llamado Informe Franks, confeccionado por una Comisión de
Consejeros de la Corona presidida por
Lord Franks, y publicada en enero de 1983; citaré a menudo este antecedente
británico.
II. Derechos argentinos
1. Sobre los derechos argentinos
respecto a las islas Malvinas y archipiélagos adyacentes, nos remitimos al
dictamen redactado por el Dr. Ricardo Zorraquín Becú, y aprobado por la
Academia Nacional de la Historia en sesión del 11 de agosto de 1964, ratificado
en mayo de 1982. Resumiendo las conclusiones, el reclamo argentino se funda
históricamente en las siguientes razones:
a) La soberanía española de las
islas, derivada de la concesión pontificia y de la ocupación de territorios en
el Atlántico Meridional. Inglaterra reconoció esa soberanía al comprometerse a
no navegar ni comerciar en los mares del Sud (tratados de 1670, 1713 y
subsiguientes).
b) La continuidad jurídica de la
República Argentina con respecto a todos los derechos y obligaciones heredados
de España, que renunció por el tratado del 21 de setiembre de 1863 a la
soberanía, derechos y acciones que le correspondían.
c) La ocupación pacífica y
exclusiva del archipiélago por la Argentina desde 1820 hasta el 2 de enero de
1833, en que sus autoridades fueron desalojadas por la fuerza.
III. El concepto de guerra justa
La mayoría de las críticas sobre lo
ocurrido en 1982, no ponen en duda los derechos argentinos sobre el territorio
en disputa, sino que se refieren a la decisión misma de recuperarlo por la
fuerza, considerando que fue un acto irracional, que no debió haber sucedido,
por el riesgo que implicaba enfrentar a una potencia.
Esto nos lleva a analizar, en
primer lugar, las condiciones para que una guerra pueda justificarse. La
doctrina clásica, compendiada por Santo Tomás de Aquino, enseña que a veces
puede ser justa cuando se cumplen ciertos requisitos. La misma razón que puede
justificar la legítima defensa individual mediante el uso de la fuerza contra
el agresor, puede justificar la defensa de la comunidad política mediante el
uso de la fuerza, cuando sea injustamente atacado por el gobierno de otro
Estado. A pesar de las consecuencias graves de toda contienda bélica, “la
guerra justa da al Estado el derecho de tomar todas las medidas necesarias para
rechazar la agresión del enemigo”.
Sto. Tomás fija las condiciones
básicas para que sea admisible una guerra: autoridad competente para
declarar la guerra e iniciar las hostilidades, recta intención de tal
autoridad, medios legítimos, y causa justa.
El Catecismo de la Iglesia Católica
(Nº 2309), siguiendo la doctrina clásica, actualiza y completa los requisitos
para que exista legítima defensa mediante la fuerza militar; es preciso a la
vez:
1. Que el daño causado por el
agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y
cierto.
2. Que todos los demás medios para
poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces.
3. Que se reúnan las condiciones
serias de éxito.
4. Que el empleo de las armas no
entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El
poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en
la apreciación de esta condición.
Después de analizar los hechos
concretos que condujeron a la contienda, se podrá evaluar si la decisión
argentina se encuadró en el concepto de guerra justa.
IV. Los hechos: el incidente de las
islas Georgias
El conflicto bélico de 1982 se
origina, no en las Malvinas, sino en el archipiélago de las Georgias del Sur.
De manera casi simultánea con la asunción del General Galtieri, como Presidente
de la República Argentina, el embajador británico autorizó el viaje a las
Georgias de Sur del empresario argentino Constantino Davidoff, que contrató con
la Compañía escocesa Salvensen para desguazar estaciones balleneras abandonadas
en esas islas. El contrato quedó formalizado por el escribano Ian Roger Frame,
el 19 de setiembre de 1979, con vigencia hasta el 31 de marzo de 1983. Por su
parte, las autoridades de Georgias del Sur, fueron informadas por la empresa
Christian Salvensen, de Edimburgo, que Davidoff había comprado el material de
esa compañía en Puerto Leith, Stromness y Husvik, solicitando le facilitaran la
operación.
El contrato molestó al gobernador
inglés Hunt, vinculado al Comité de las Islas Malvinas (lobby), pues:
-el único buque de la marina, el
rompehielos Endurance, dejaría el área en mayo de 1982.
-en junio, la Oficina
Investigaciones Antárticas británica abandonaría las Georgias (Gritviken).
-los obreros argentinos, con
contrato hasta 1983, serían la única presencia en las islas.
Davidoff, comunicó a la embajada británica en
Buenos Aires, por nota del 11-12-81, que viajaría a las islas con algunos
colaboradores para efectuar un relevamiento fotográfico e inventarios. Inició
el viaje el 16-12-81 en el rompehielos Almirante Irizar, llegando a
puerto Leith -en la isla San Pedro, del grupo de las Georgias- el 20-12. Allí
inspeccionó el material que había adquirido: 30 tanques de almacenamiento de
combustible, planta de cocción, planta diésel eléctrica de 1.500 kw, calderas y
maquinarias, en Leith; otras instalaciones en Husvik y Stromnes, más dos diques
flotantes de 700 y 1.000 toneladas en este último puerto.
El negocio era apetecible; se
estimaba –según The Sunday Times- que por esas 35.000 toneladas de metal
Davidoff había pagado 115.000 libras, cuando en 1979 la tonelada de chatarra se
vendía a 214 libras, lo que representaba un beneficio de 7 millones de libras.
Es poco razonable pensar que un
comerciante como Davidoff arriesgaría la oportunidad de su vida, por cometer un
acto de provocación, sin embargo, el día 31 Hunt recomendó iniciar un
procedimiento contra él; la cancillería (Foreing Office) respondió que no
iniciara un procedimiento “con lo que se correría el riesgo de provocar un
incidente sumamente grave que empeoraría la situación y los resultados serían
imprevisibles” (F, 164).
El embajador informó el 23 de
febrero de 1982, que Davidoff se había comunicado telefónicamente con la
embajada informando que volvería a las Georgias, para comenzar el desguace,
solicitando instrucciones acerca de cómo proceder; el embajador consultó al
gobernador sobre este tema, sin recibir respuesta (Informe Franks, 167), lo
que, estima el almirante Busser, introducía “el germen de la crisis”.
El 9 de marzo, Davidoff notificó a
la embajada que 41 trabajadores partirían dos días después, en el Bahía Buen
Suceso, que era un transporte de la Marina, dedicado a operaciones
comerciales, y en el que no había personal militar ni armas de guerra; este
buque era conocido por los ingleses pues solía llevar turistas y provisiones a
las Malvinas. Consta en el Informe Franks (168) que el empresario ofreció
llevar provisiones para la base británica, así como los servicios de un médico
y una enfermera que viajaban con el grupo. El embajador informó sobre esto al
Gobernador y al Foreing Office; a su vez Salvensen había informado a la
cancillería británica y al gobernador sobre el viaje, y que había concedido a
Davidoff una ampliación del contrato hasta el 31 de marzo de 1984.
No obstante, de conocerse este
viaje, cuando el día 17 el grupo de chatarreros desembarcó en Leith: el
gobernador de las Malvinas aseguró que los ingleses de la base científica se
enteraron de la presencia argentina al escuchar disparos de armas de fuego,
utilizadas para cazar renos, y que habían izado una bandera argentina; debemos
analizar con la mayor objetividad este tema.
Sobre la bandera, Davidoff negó que
hubiera sido colocada por sus empleados,
manifestando que cuando bajaron a tierra ya ondeaba el pabellón nacional
en el lugar.
Conviene aclarar este punto, pues ocurre que Davidoff no viajó en esa
oportunidad;
además, el coordinador general del operativo de la firma Georgias del Sur,
Ricardo Cacace, admitió que la bandera argentina la colocaron los miembros del
grupo: “Fue una cosa natural y espontánea, dado que para nosotros estábamos en
la Argentina y, además, éramos un grupo de argentinos”
.
Sobre los renos, en el diario de la
agencia británica, capturado el 3 de abril en Grytviken, figura esta frase, sentada
el 17 de marzo: “Al fin se va el Isatis (yate francés) que volvió ayer puesto
que los helicópteros del Endurance lo sobrevolaron para chequearlo. Los otros
franceses se están convirtiendo en una peste, ya están disparando sus rifles en
Grytviken y matando ciervos. Estamos disgustados y no podemos expresar la
animadversión general que provocan sin recurrir a malas palabras. Digamos que
no están actuando con propiedad”.
El libro de Felipe Celesia,
publicado recientemente –ver en bibliografía-, nos ayuda a esclarecer esta
cuestión: la bandera argentina fue entregada al grupo por el capitán del buque,
Osvaldo Niella, y colocada al frente de una casa utilizada por los chatarreros.
El soldador Locchi, la ató en un extremo de un remo de tres metros que
encontraron abandonado.
Dos marineros del buque cazaron un
reno, para variar el menú habitual; siendo imposible que, desde la base inglesa
ubicada a 20 kilómetros, hubieran podido escuchar los disparos.
Cabe agregar, con respecto a los
renos, que se trata de animales salvajes que fueron introducidos por los
balleneros a principios del siglo XX, y que, actualmente, las autoridades
británicas prevén exterminarlos –Vgr. con disparos desde el aire-, debido a que
constituyen una población de 3.000 animales que están devastando la vegetación
local (Clarín, 17-6-12). No hubo, por lo tanto, de parte del grupo de Davidoff
ninguna intención de provocar ni de causar daño.
El gobernador manifestó al Foreing
Office su opinión de que la Marina estaba utilizando al Davidoff como
cobertura; la cancillería aclaró al embajador que el Bahía Buen Suceso era un
buque de transporte no de guerra, y que no llevaba personal militar. El comandante
de la Base de Grytviken confirmó que los hombres desembarcados no llevaban
armas de fuego (F, 170). El Informe Franks revela que, según un informe de
inteligencia británico, el gobierno argentino no planificó este incidente: “A
pesar de los estrechos contactos que el Sr. Davidoff mantenía con algunos
oficiales superiores de la Armada Argentina, no se considera que el desembarco
no autorizado formara parte de los planes de la Armada” (F, 230).
Mientras tanto, el 21 zarpó de
Malvinas el Endurance, embarcando 21 infantes de marina, quedando anclado en
Grytviken a la espera de órdenes; el mismo día en Puerto Stanley se forzó la
puerta de LADE, la empresa argentina que brindaba servicio aéreo a las islas, colocándose
una bandera inglesa.
Simultáneamente, el comandante de la base
británica informó a los trabajadores que su presencia era ilegal, pues no
habían sellado las llamadas tarjetas blancas de identificación. El
Canciller argentino, Dr. Costa Méndez, pidió que la expulsión se revocara si
Davidoff ordenaba a sus empleados completar la formalidad de ir hasta Gritviken
y hacer sellar las tarjetas. El embajador estuvo de acuerdo, pero Hunt sostuvo
que las Georgias no estaban incluidas en el acuerdo de 1971 y que debían
sellarse los pasaportes.
Costa Méndez respondió al embajador
el 28 que los trabajadores deben permanecer en Georgias pues se les ha otorgado
la documentación idónea; en efecto, en el Acuerdo de Comunicaciones, firmado el
1-7-1971, se había establecido que la tarjeta blanca “será el único documento
requerido a los residentes del territorio continental argentino para viajar a
las Islas Malvinas”. También insistió el canciller en que las Georgias estaban
explícitamente comprendidas en el Acuerdo de 1971, cosa que los británicos
habían reconocido en la reunión de Nueva York celebrada un mes atrás, los días
26 y 27 de febrero.
Cabe destacar que la presencia de
estos argentinos no representaba ninguna amenaza: primero, porque no eran
militares, y la segunda porque en Georgias no había población, sólo estaba el
personal de investigaciones antárticas y en otra zona. Recordemos, de paso, que
aquél convenio de 1971, constituyó –como lo expresara Ricardo Paz- “un sistema
único en los anales diplomáticos, de usurpación subsidiada a cargo de la nación
usurpada”.
No cabía, entonces, una nueva concesión por parte de nuestro país.
Mientras tanto, el 30 de marzo el
encargado de negocios argentino en Londres, informó que la televisión inglesa
dio la noticia del envío de 2 submarinos nucleares clase Hunter Killer; uno de
ellos había zarpado el 25 desde Gibraltar (noticia confirmada por el New York
Times), y que interpretaba que el gobierno había optado por un endurecimiento
frente al caso Georgias. El punto 213
del Informe Franks reconoce que el día 29 la Primer Ministra dispuso el envío de
un submarino nuclear en apoyo del Endurance, y que se prepararía un segundo
submarino.
En la Argentina, existieron
proyectos de ocupar las Malvinas, ya desde 1955, que se reactivaron desde que
el Almirante Anaya asumió como comandante en jefe de la Marina, pero recién en
la primera semana de enero, el Comité Militar resolvió que se planificara
preventivamente una operación de ocupación de las Malvinas, para el caso de que
fracasaran las negociaciones diplomáticas en curso. Ese plan no tenía fecha de
ejecución, pues la intención era negociar durante todo el año. Recién el día
23, ante el cariz que tomaba el incidente advirtió al embajador Williams que,
si no se aplazaba la amenaza de retiro forzado de los obreros, se tomaría como
un ultimátum que originaría una reacción por parte de nuestro país. Ante la
situación planteada, en reunión del día 26, el Comité dispuso que la operación
estuviera lista para ser ejecutada entre el 1 y el 3 de abril. Por su parte, el
gobierno inglés tomó la decisión de enviar la Task Force antes de que el
gobierno argentino resolviera preparar el posible ataque. El libro de memorias
del Almirante Woodward, se tituló “Los cien días”, pues ese tiempo había durado
para él la guerra: “…cien días desde que dije adiós … en el puerto de Gibraltar
la noche del 26 de marzo”.
El 28 zarparon los buques argentinos
que llevaban la fuerza de desembarco preparada para ocupar Malvinas, si no se
recibía una respuesta satisfactoria. El Informe Franks (230) comenta que el día
31 el Grupo de Inteligencia estimaba que el objetivo del gobierno argentino era
persuadir al británico para que reanudara las conversaciones sobre la soberanía
y que no deseaba ser el primero en adoptar medidas drásticas. Sin embargo, el
riesgo era que recurriera al uso de la fuerza si los civiles que estaban en las
Georgias eran arrestados o evacuados.
Recién el 1 de abril el gobierno
británico, al conocer la inminencia del desembarco, solicitó al presidente
Reagan que intercediera ante el presidente Galtieri; la comunicación telefónica
se concretó a las 22 horas, manifestando el mandatario argentino que ya era
tarde, pues no se podía detener la operación, pero que si Gran Bretaña admitía
negociar la crisis terminaría. Puesto que el objetivo fijado era realizar una
ocupación incruenta, y que quedara en las islas una pequeña guarnición, para
forzar de inmediato al adversario a entablar una negociación seria.
El objetivo se cumplió: no se
produjeron bajas entre los soldados ingleses, y el único fallecido en el
enfrentamiento del día 2 de abril fue el Capitán de Corbeta Pedro Giachino que
encabezaba el grupo de ataque. Asimismo, el día 3 la Fuerza de Desembarco
completó el repliegue de las tropas argentinas.
Una cuestión a dilucidar: se ha
afirmado que la Marina argentina preparó un operativo Alfa, con la intención de
promover un incidente que llevara a la guerra. Existió, efectivamente, una Operación
Alfa, generada en mayo de 1981 por iniciativa del Alte. Lombardo, Comandante
de la Flota de Mar, con conocimiento de la Cancillería. El objetivo consistía
en instalar una estación científica en las Islas Georgias del Sur, similar a la
que existía desde 1976 en la Isla Thule del Sur, del grupo de las Sandwich del
Sur, y con el mismo propósito de mantener una presencia en la zona en litigio.
A tal efecto, se formó un grupo de 15 hombres, al mando del Tte. Astiz, que fue
adiestrado en la zona de San Fernando, y se embarcó en el buque Bahía
Paraíso, en el mes de enero, en el marco de la campaña antártica. Se
preveía concretar esa operación en los meses de mayo o junio, cuando las
unidades británicas que realizaban tareas de apoyo antártico se hubieran
alejado definitivamente de la zona.
Algunos
han confundido este viaje de Astiz, con el de Davidoff que viajó en el buque Bahía
Buen Suceso, no en el Bahía Paraíso. De todos modos, la Junta
Militar en reunión del 2 de febrero, resolvió suspender la operación alfa, para
“evitar un hecho que fuera negativo para el desarrollo de las futuras
negociaciones”
. Según declaración testimonial del Contraalmirante Edgardo Otero,
posteriormente –y antes del desembarco de Davidoff- se dispone anular
totalmente esa operación.
Por lo tanto, el incidente de las Georgias,
que comienza el 19 de marzo, no tuvo nada que ver con la Operación Alfa, que
nunca fue ejecutada.
V. Análisis de la decisión
El gobierno argentino no podía
aceptar las exigencias de desalojar a los obreros de Davidoff que estaban
cumpliendo un contrato legalmente formulado, incluso había ofrecido que se
sellaran las tarjetas blancas, siendo que ninguna norma había previsto que
dicho documento debía ser visado.
Además, el personal británico en las Georgias tenía funciones científicas, no
consulares que lo habilitara para revisar documentación.
En resumen, los argentinos:
-estaban en un territorio en
disputa;
-se habían cumplido todas las
formalidades establecidas;
-admitir el uso de pasaportes era
aceptar la pretensión británica de soberanía sobre las islas Georgias.
El entonces embajador británico,
Anthony Williams, reconoció posteriormente
que: “En Londres se incurrió en un grave error de apreciación durante el
episodio de las Georgias”.
Si nuestro país hubiera tolerado el
desalojo por la fuerza, o hubiera accedido a evacuar a los obreros bajo
amenaza, o hubiera aceptado el visado de pasaportes, ello habría significado
una verdadera abdicación del derecho de soberanía sobre el Atlántico sur, por
aplicación de la doctrina conocida como “stopell” (reconocimiento tácito de
derechos).
La decisión argentina de recuperar
las Malvinas, se originó en el procedimiento incorrecto utilizado por Gran
Bretaña ante una crisis en Georgias, desatada por sus autoridades. El envío de
un buque de guerra constituía un acto de fuerza, sin haberse agotado los
recursos diplomáticos.
De acuerdo a las Naciones Unidas: “El primer uso de la fuerza armada por un
Estado en contravención de la Carta constituirá prueba prima facie de un
acto de agresión…”.
Entonces, ya no había alternativa
válida para la Argentina, que se vio obligada a ejercer el derecho previsto en
la Carta de las NU, art. 51:
“Ninguna disposición de esta Carta
menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva,
en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto
que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la
paz y la seguridad internacionales”.
El Fiscal de la Cámara Federal, que
juzgó a los Comandantes en Jefe, afirmó que: “La Argentina, pues, no agredió,
fue agredida”; concepto ratificado por la Cámara en su pronunciamiento.
También la embajadora
norteamericana ante las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrik, manifestó: “Yo no
creo que a la Argentina, dado el hecho de su permanente reclamo de soberanía
sobre las Malvinas, se le pueda decir que por ocuparlas estaba cometiendo
agresión”.
La doctrina de la guerra justa,
resumida al comienzo, nos sirve de guía para evaluar esta contienda bélica
concreta, desde la ética. El filósofo cordobés Alberto Caturelli, ha sostenido
que “La Argentina ha reunido y puede invocar todos los títulos legítimos de una
guerra justa”.
Resumo su argumentación:
-cuando Inglaterra, en 1833, agredió
nuestro derecho efectivamente ejercido sobre las Malvinas…usurpando la posesión
de las mismas, cometió un acto de tal naturaleza que siguió agrediendo a la
Argentina todo el tiempo… durante casi un siglo y medio;
-Por eso, Inglaterra puso
entonces (no en 1982) la causa de guerra justa de parte de la Argentina;
-La Argentina, dadas ciertas
circunstancias concretas y ante los signos inequívocos del usurpador de no
tener voluntad de restituir las islas, decidió retomar lo que siempre fue suyo.
También el Catecismo aclara que:
mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional
competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los
medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la
legitima defensa (2308).
Es que la paz -según la clásica
definición de San Agustín- es la tranquilidad en el orden; y no puede haber
orden sin justicia. Por eso afirmaba Juan Pablo II: “No somos pacifistas, queremos
la paz, pero una paz justa y no a cualquier precio” (18-2-1991). Y, en otra
oportunidad el Santo Padre aclaró: “Los pueblos tienen el derecho y aún el
deber de proteger, con medios adecuados, su existencia y su libertad contra el
injusto agresor” (1-1-1982).
VI. Previsibilidad del resultado
Podría alguien alegar que lo
antedicho satisface únicamente los dos primeros requisitos exigidos por la
doctrina: que haya un daño persistente recibido de un agresor, y que se hayan
agotado las vías pacíficas. Conviene, entonces, revisar los otros dos
requisitos: que haya razonable posibilidad de éxito, y que el uso de la fuerza
no cause daños más graves.
El plan no fue irracional; el
propósito de ocupar las islas no era el de iniciar una escalada bélica, por el
contrario, se buscaba forzar a una negociación seria, y en caso de surgir un
gesto de buena voluntad antes de la ocupación se anularía la operación. La
misma debía ser incruenta, y una vez finalizada, quedaría en las islas una
pequeña guarnición.
Se preveía que las negociaciones
tendrían el apoyo de las Naciones Unidas y de Estados Unidos; esto último no
era una suposición ingenua: en la noche misma del 2 de abril hubo una cena en
la embajada argentina en Washington, a la que asistieron la embajadora
Kirkpatrich, la plana mayor de la secretaría de Estado, y jefes militares, a
tal punto que el embajador británico dijo que era un agravio para su país.
Con respecto a la posibilidad de
que las NU exigieran un acuerdo, había varios antecedentes; el más relevante
fue la ocupación por Egipto del Canal de Suez, en 1956, presionando el
organismo internacional para que Gran Bretaña y Francia no atacaran a Egipto,
que desde entonces quedó con el canal.
Otro antecedente destacable es que,
en diciembre de 1976, solo 6 años antes de la guerra, la Marina argentina instaló
un observatorio en las islas Thule (Sandwich), y Gran Bretaña sólo envió una
nota de protesta, sin tomar ninguna otra medida.
Tampoco era inevitable la derrota.
Según el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, hasta el 13 abril, la
argentina tuvo posibilidad de triunfo. Cambia el panorama, por la ayuda de
EEUU. Aun así, los ingleses sufrieron las pérdidas más grandes desde la 2da. Guerra.
Debe entenderse que el conflicto era político, y no se pretendía una
confrontación total, por eso era posible para la Argentina lograr el objetivo
que se había fijado. Además, era una obligación patriótica actuar en defensa de
los intereses nacionales.
En el fallo de la Cámara Federal
que juzgó a los Comandantes, en noviembre de 1988, se reconoce que: “Asiste
razón a las defensas cuando sostienen lo mezquino que puede resultar vincular
la decisión de participar en un combate evaluando previamente la entidad del
contrincante. La necesidad política de responder a las agresiones que afectan
la subsistencia del Estado, pasa por el imperioso deber de asegurar la
respuesta al avance del enemigo.”
Por cierto, que la Argentina no
podría ganar una guerra total a un país como Gran Bretaña; pero desde la última
guerra mundial, ya no existen conflictos bélicos integrales. Además, el
objetivo de ocupar Malvinas era concreto y factible: ocupar las islas para
negociar. Con respecto a la posibilidad de ganar la guerra localizada en esta
zona, ello no era imposible, puesto que Gran Bretaña no empeñó todos sus recursos
militares, y dependía de numerosos factores para actuar a mucha distancia de su
territorio.
Con motivo del fallecimiento del
General británico Jeremy Moore, comandante de las tropas inglesas en Malvinas,
se supo que este militar recordó en una entrevista la preocupación que sintió
el 14 de junio de 1982, de que la Argentina no firmara la rendición, y que, por
eso, le permitió al Gobernador argentino, General Menéndez, tachar la palabra
incondicional, antes de firmar.
La preocupación de Moore se fundaba en que el Alte. Woodward, jefe de la flota,
le había dicho que, si no llegaba a Puerto Argentino para el día 14, lo iban a
sacar de la isla; por eso, fue a conversar con Menéndez, “como quien va a jugar
al póker con una mano pobre de naipes” (La Prensa, 1-4-86).
Con referencia a los daños que
ocasionó la guerra, no es exacto que la misma haya perjudicado los derechos
argentinos a reclamar la soberanía sobre Malvinas. La mejor evidencia es que la
Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó, desde el fin de la guerra,
siete resoluciones favorables a nuestro país, siendo la primera de ellas, la Nº
37, de noviembre de 1982 -apenas cinco meses después de finalizada la
contienda-, aprobada con el voto positivo de Estados Unidos, inclusive. En la
misma se reitera que la situación colonial en las Malvinas es incompatible con
los ideales de las UN y pide la reanudación de negociaciones por la soberanía.
Debe citarse, asimismo, el informe
Kershaw, elaborado por iniciativa del Parlamento británico, en 1983, donde se
reconoce que “problemas sustanciales diplomáticos, militares, financieros y
económicos, seguirán enfrentando a Gran Bretaña y las islas Falklands a menos o
hasta que se logre un acuerdo negociado de la disputa con la República
Argentina” (p. 1.3). También admite el informe que, con relación a la historia
del conflicto, “el peso de la evidencia es más favorable al título argentino”
(p. 2.15).
VII. Conclusiones
Decía don Ernesto Palacio que quien
investiga el pasado debe hacerlo con objetividad, pero que una vez que tiene la
certeza de conocer la verdad, no puede ser neutral en la evaluación de los
hechos. Por eso, sin perjuicio de los errores estratégicos y tácticos que
algunos especialistas han señalado al analizar esta guerra, debe resaltarse que
ninguno de los autores que hemos citado considera que pueda ser calificada de
aventura, ni se ha verificado que los responsables, civiles y militares, hayan
actuado por intereses espurios, o con una incompetencia profesional generalizada.
Considero que fue una guerra justa, que no pudo ser evitada sin afectar
profundamente el honor nacional. No puede adjudicarse al hecho bélico el
debilitamiento posterior de la posición argentina, que obedece a otras causas
que exceden el marco de esta exposición.
Es lamentable que, a 33 años de la
guerra, y siendo que la misma es estudiada en los institutos militares de todo el
mundo, por la valentía y eficiencia que demostraron nuestros soldados en el
campo de batalla, los argentinos caigamos en la auto denigración. Hasta surgió
recientemente un grupo de intelectuales que propuso celebrar el 14 de junio,
día de la rendición. “Es –como escribió Abel Posse- la Argentina pequeña,
incapaz de reconocer sus pasiones y su euforia, incapaz de concederles la
palabra gloria a sus muertos por la patria”.
Los errores y debilidades propias
deben ser reconocidos, pero no debe permitirse la diatriba ni la calumnia sobre
las reales motivaciones de una guerra, que la Argentina no provocó
imprudentemente, y que una vez desatada supo afrontar con entereza.
Referencias:
1) Historia de los heterodoxos
españoles; Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1951, T. I, p. 3.
2) Paz, 1983, p. 7.
3) Palacio, Ernesto. “Historia de
la Argentina”; Buenos Aires, Peña Lillo, 1965, T. I, pp. XI y XII.
4) www.casarosada.gov.ar
5) Utilizaré como abreviatura “F”,
seguido del número de párrafo respectivo.
6) Rodríguez de Yurre, pp. 469/476.
7) Mayorga, p. 35.
8) Busser, 1987, p. 51.
9) Costa, p. 62.
10) “y ni siquiera viajé con mis
obreros”: Davidoff, p. 8.
11) Clarín, 16-5-1982, p. 4.
12) Gamba, 1984, p. 133.
13) Costa Méndez, pp. 109-110.
14) Paz Ricardo. “Por otro 2 de
abril”, Revista Militar N° 742, enero/marzo 1998, p. 73.
15) Cit. Por: Díaz Araujo, p. 25.
16) Busser, pp. 101/105.
17) Costa, pp. 58-59.
18) De Vita, pp. 44/48.
19) De Vita, p. 47.
20) Costa Méndez, 110.
21) Cit. en Revista Militar N° 742,
enero/marzo 1998, p. 20.
22) Bartolomé, pp. 121/131.
23) Naciones Unidas, Definición de
Agresión; Res. 3314 (XXIX) art. 2, de la Asamblea General, 1974.
24) Oliveri López, p. 179.
25) Caturelli, pp. 9/13.
26) Meneghini, pp. 25/27.
27) La Mañana de Córdoba,
18-9-2007.
28) Gamba, pp. 184-185.
29) Posse, Abel. “Las Malvinas y la
enfermedad argentina”; Revista Militar N° 742, enero/marzo 1998, p. 32.
Bibliografía
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