Contenida en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia *
565 Para los fieles laicos, el compromiso político es una expresión
cualificada y exigente del empeño cristiano al servicio de los demás. La
búsqueda del bien común con espíritu de servicio; el desarrollo de la justicia
con atención particular a las situaciones de pobreza y sufrimiento; el respeto
de la autonomía de las realidades terrenas; el principio de subsidiaridad; la
promoción del diálogo y de la paz en el horizonte de la solidaridad: éstas son
las orientaciones que deben inspirar la acción política de los cristianos
laicos. Todos los creyentes, en cuanto titulares de derechos y deberes cívicos,
están obligados a respetar estas orientaciones; quienes desempeñan tareas
directas e institucionales en la gestión de las complejas problemáticas de los
asuntos públicos, ya sea en las administraciones locales o en las instituciones
nacionales e internacionales, deberán tenerlas especialmente en cuenta.
566 Los cargos de responsabilidad en las instituciones sociales y políticas
exigen un compromiso riguroso y articulado, que sepa evidenciar, con las
aportaciones de la reflexión en el debate político, con la elaboración de proyectos
y con las decisiones operativas, la absoluta necesidad de la componente moral
en la vida social y política. Una atención inadecuada a la dimensión moral
conduce a la deshumanización de la vida asociada y de las instituciones
sociales y políticas, consolidando las « estructuras de pecado »: « Vivir y actuar políticamente en conformidad
con la propia conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas al
compromiso político o en una forma de confesionalidad, sino expresión de la
aportación de los cristianos para que, a través de la política, se instaure un
ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana
».
567 En el contexto del compromiso político del fiel laico, requiere un
cuidado particular, la preparación para el ejercicio del poder, que los
creyentes deben asumir, especialmente cuando sus conciudadanos les confían este
encargo, según las reglas democráticas. Los cristianos aprecian el sistema
democrático, « en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos
en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir
y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente
de manera pacífica », y rechazan los grupos ocultos de poder que buscan
condicionar o subvertir el funcionamiento de las instituciones legítimas. El
ejercicio de la autoridad debe asumir el carácter de servicio, se ha de
desarrollar siempre en el ámbito de la ley moral para lograr el bien común:
quien ejerce la autoridad política debe hacer converger las energías de todos
los ciudadanos hacia este objetivo, no de forma autoritaria, sino valiéndose de
la fuerza moral alimentada por la libertad.
568 El fiel laico está llamado a identificar, en las situaciones políticas
concretas, las acciones realmente posibles para poner en práctica los
principios y los valores morales propios de la vida social. Ello exige un
método de discernimiento, personal y comunitario, articulado en torno a algunos
puntos claves: el conocimiento de las situaciones, analizadas con la ayuda de
las ciencias sociales y de instrumentos adecuados; la reflexión sistemática
sobre la realidad, a la luz del mensaje inmutable del Evangelio y de la
enseñanza social de la Iglesia; la individuación de las opciones orientadas a
hacer evolucionar en sentido positivo la situación presente. De la profundidad
de la escucha y de la interpretación de la realidad derivan las opciones
operativas concretas y eficaces; a las que, sin embargo, no se les debe
atribuir nunca un valor absoluto, porque ningún problema puede ser resuelto de
modo definitivo: « La fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos
socio-políticos en un esquema rígido, consciente de que la dimensión histórica
en la que el hombre vive, impone verificar la presencia de situaciones imperfectas
y a menudo rápidamente mutables ».
569 Una situación emblemática para el ejercicio del discernimiento se
presenta en el funcionamiento del sistema democrático, que hoy muchos
consideran en una perspectiva agnóstica y relativista, que lleva a ver la
verdad como un producto determinado por la mayoría y condicionado por los
equilibrios políticos. En un contexto semejante, el discernimiento es
especialmente grave y delicado cuando se ejercita en ámbitos como la
objetividad y rectitud de la información, la investigación científica o las
opciones económicas que repercuten en la vida de los más pobres o en realidades
que remiten a las exigencias morales fundamentales e irrenunciables, como el
carácter sagrado de la vida, la indisolubilidad del matrimonio, la promoción de
la familia fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer.
En esta situación resultan útiles algunos criterios fundamentales: la
distinción y a la vez la conexión entre el orden legal y el orden moral; la
fidelidad a la propia identidad y, al mismo tiempo, la disponibilidad al
diálogo con todos; la necesidad de que el juicio y el compromiso social del
cristiano hagan referencia a la triple e inseparable fidelidad a los valores
naturales, respetando la legítima autonomía de las realidades temporales, a los
valores morales, promoviendo la conciencia de la intrínseca dimensión ética de
los problemas sociales y políticos, y a los valores sobrenaturales, realizando
su misión con el espíritu del Evangelio de Jesucristo.
570 Cuando en ámbitos y realidades que remiten a exigencias éticas
fundamentales se proponen o se toman decisiones legislativas y políticas
contrarias a los principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que « la
conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio
voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley
particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos
fundamentales de la fe y la moral ».
En el caso que no haya sido posible evitar la puesta en práctica de tales
programas políticos, o impedir o abrogar tales leyes, el Magisterio enseña que
un parlamentario, cuya oposición personal a las mismas sea absoluta, clara, y
de todos conocida, podría lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas
a limitar los daños de dichas leyes y programas, y a disminuir sus efectos
negativos en el campo de la cultura y de la moralidad pública. Es emblemático
al respecto, el caso de una ley abortista. Su voto, en todo caso, no puede ser
interpretado como adhesión a una ley inicua, sino sólo como una contribución
para reducir las consecuencias negativas de una resolución legislativa, cuya
total responsabilidad recae sobre quien la ha procurado.
Téngase presente que, en las múltiples situaciones en las que están en
juego exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio
cristiano debe ser considerado como un deber fundamental que puede llegar
incluso al sacrificio de la vida, al martirio, en nombre de la caridad y de la
dignidad humana. La historia de veinte siglos, incluida la del último, está
valiosamente poblada de mártires de la verdad cristiana, testigos de fe, de
esperanza y de caridad evangélicas. El martirio es el testimonio de la propia
conformación personal con Cristo Crucificado, cuya expresión llega hasta la
forma suprema del derramamiento de la propia sangre, según la enseñanza
evangélica: « Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo;
pero si muere, da mucho fruto » (Jn 12,24).
571 El compromiso político de los católicos con frecuencia se pone en
relación con la « laicidad », es decir, la distinción entre la esfera política
y la esfera religiosa. Esta distinción « es un valor adquirido y reconocido por
la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado ». La doctrina
moral católica, sin embargo, excluye netamente la perspectiva de una laicidad
entendida como autonomía respecto a la ley moral: « En efecto, la “laicidad”
indica en primer lugar la actitud de quien respeta las verdades que emanan del
conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque tales
verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, pues la
verdad es una ». Buscar sinceramente la verdad, promover y defender con medios
lícitos las verdades morales que se refieren a la vida social —la justicia, la
libertad, el respeto de la vida y de los demás derechos de la persona— es un
derecho y un deber de todos los miembros de una comunidad social y política.
Cuando el Magisterio de la Iglesia interviene en cuestiones inherentes a la
vida social y política, no atenta contra las exigencias de una correcta
interpretación de la laicidad, porque « no quiere ejercer un poder político ni
eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes.
Busca, en cambio —en cumplimiento de su deber— instruir e iluminar la
conciencia de los fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida
política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral
de la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una
intromisión en el gobierno de los diferentes países. Plantea ciertamente, en la
conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia
».
572 El principio de laicidad conlleva el respeto de cualquier confesión
religiosa por parte del Estado, « que asegura el libre ejercicio de las
actividades del culto, espirituales, culturales y caritativas de las
comunidades de creyentes. En una sociedad pluralista, la laicidad es un lugar
de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la Nación ». Por
desgracia todavía permanecen, también en las sociedades democráticas,
expresiones de un laicismo intolerante, que obstaculizan todo tipo de
relevancia política y cultural de la fe, buscando descalificar el compromiso
social y político de los cristianos sólo porque estos se reconocen en las
verdades que la Iglesia enseña y obedecen al deber moral de ser coherentes con
la propia conciencia; se llega incluso a la negación más radical de la misma ética
natural. Esta negación, que deja prever una condición de anarquía moral, cuya
consecuencia obvia es la opresión del más fuerte sobre el débil, no puede ser
acogida por ninguna forma de pluralismo legítimo, porque mina las bases mismas
de la convivencia humana. A la luz de este estado de cosas, « la
marginalización del Cristianismo... no favorecería ciertamente el futuro de
proyecto alguno de sociedad ni la concordia entre los pueblos, sino que pondría
más bien en peligro los mismos fundamentos espirituales y culturales de la
civilización ».
573 Un ámbito especial de discernimiento para los fieles laicos concierne a
la elección de los instrumentos políticos, o la adhesión a un partido y a las
demás expresiones de la participación política. Es necesario efectuar una
opción coherente con los valores, teniendo en cuenta las circunstancias reales.
En cualquier caso, toda elección debe siempre enraizarse en la caridad y tender
a la búsqueda del bien común. Las instancias de la fe cristiana difícilmente se
pueden encontrar en una única posición política: pretender que un partido o una
formación política correspondan completamente a las exigencias de la fe y de la
vida cristiana genera equívocos peligrosos. El cristiano no puede encontrar un
partido político que responda plenamente a las exigencias éticas que nacen de
la fe y de la pertenencia a la Iglesia: su adhesión a una formación política no
será nunca ideológica, sino siempre crítica, a fin de que el partido y su
proyecto político resulten estimulados a realizar formas cada vez más atentas a
lograr el bien común, incluido el fin espiritual del hombre.
574 La distinción, por un lado, entre instancias de la fe y opciones socio-
políticas y, por el otro, entre las opciones particulares de los cristianos y
las realizadas por la comunidad cristiana en cuanto tal, comporta que la
adhesión a un partido o formación política sea considerada una decisión a
título personal, legítima al menos en los límites de partidos y posiciones no
incompatibles con la fe y los valores cristianos. La elección del partido, de
la formación política, de las personas a las cuales confiar la vida pública,
aun cuando compromete la conciencia de cada uno, no podrá ser una elección
exclusivamente individual: « Incumbe a las comunidades cristianas analizar con
objetividad la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la
palabra inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de
juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia ».
En cualquier caso, « a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor
de su parecer la autoridad de la Iglesia »: los creyentes deben procurar más
bien « hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua
caridad y la solicitud primordial por el bien común ».
Centro de Estudios Cívicos, Córdoba, noviembre de 2019
* Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Pontificio Consejo Justicia
y Paz, 2004
