PARA ADMINISTRAR EL MAR ARGENTINO
César Lerena
Tras la derrota
oficial comenzó el pase de facturas. En general, los dardos se tiraron a
quienes condujeron la campaña electoral, en lugar de hacerlo, a quienes
ocupando distintas áreas de responsabilidad en el gobierno saliente fueron
incapaces de cumplir con las consignas previstas en el preámbulo de la
Constitución Nacional: “…constituir la unión nacional, afianzar la justicia,
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar
general y asegurar los beneficios de la libertad…” Razón por la cual, el pueblo
no les renovó su confianza. Nunca más justa la frase del General: “Con los
dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.
No siempre se
pierde el gobierno en manos de nuevas ofertas electorales, es frecuente que se
deba al agotamiento de las expectativas de los ciudadanos que, pese a la
advertencia de Maquiavelo de “que nada genera más resistencia que el cambio del
orden vigente”, rompieron la inercia e hicieron tronar el escarmiento. De
reinstaurarse el “juicio de residencia” muchos funcionarios que se van a sus
casas “sin pena ni gloria” estarían en serios problemas.
Nosotros nos
limitaremos -como siempre- a opinar sobre aquellas cuestiones relativas a la
administración del Atlántico Sur, Malvinas y Pesca al final de este ciclo, como
lo hemos venido haciendo desde 1976.
Sabemos, que los
espacios marítimos e insulares representan el 68% del total de la Argentina
bicontinental y marítima, y, que gran parte de esos territorios se encuentran
invadidos y disputados por el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB), por lo que
nos adelantamos a decir, que los responsables de la Cancillería (y su
Secretaría y Consejo de Malvinas); la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca (y su Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero) y el Ministerio de
Defensa, no han prestado un servicio acorde a las necesidades del interés
nacional. Otro tanto, ha pasado con el rol de las provincias del litoral
marítimo. Dándose incluso la incongruencia de que Tierra del Fuego, aun siendo
un territorio directamente afectada por el conflicto (Malvinas, etc. son parte
de esa Provincia) no ha tenido ningún protagonismo destacable frente a las
reiteradas e inconducentes políticas de la Cancillería e, insólitamente, sus
habitantes votaron mayoritariamente al nuevo presidente, que de eliminar el
régimen de eximición de impuestos previsto en la ley 19.640, su sustentabilidad
se verá seriamente comprometida, lo que dificultaría aún más, la defensa de los
intereses nacionales en la región, ante la presencia del RUGB y otros Estados.
Todo ello, en un
escenario internacional muy propicio para llevar adelante una Estrategia
Nacional e Internacional en estas materias. El Brexit que separó al RUGB y a
sus autoproclamados territorios de ultramar de la Unión Europea (2021); la
tensión entre Estados Unidos y China y su interés en el Atlántico Sur y la
Antártida; la guerra Rusa-Ucrania con la consiguiente necesidad de alimentos y
gas; la demanda contra la pesca ilegal por parte de las organizaciones
multilaterales; la ampliación de las plataformas continentales más allá de las
200 millas en la Argentina y Chile; el pre Acuerdo de la Unión Europea y el
MERCOSUR; la asimetría de Uruguay en relación con la Argentina y Brasil en este
mercado; el clima propicio a nivel nacional con motivo de la conmemoración del
40º aniversario de la recuperación de Malvinas.
Dejando de lado
algunos reconocimientos a los veteranos producidos con motivo del citado
aniversario; los reiterados reclamos inconducentes de la Cancillería al RUGB
para que negocie la soberanía de Malvinas y distintos seminarios destinados a
incorporar al conocimiento de los argentinos la historia y los derechos sobre
Malvinas, nada ha hecho el saliente gobierno para la ocupar y, administrar los
territorios marinos y explotar los recursos del Atlántico Sur y sus
archipiélagos. Ello implica, no solo una cuestión de soberanía en el mar, los
archipiélagos y la Antártida y su relación con los océanos pacífico e índico,
sino también la ausencia de nuevos desarrollos poblacionales, industriales, logísticos
y de generación de empleo en la Patagonia argentina, cuya densidad poblacional
es la más baja de nuestro territorio, en una región de alta conflictividad
internacional. Los funcionarios de Cancillería se enteran por los diarios de la
instalación de un radar británico en territorio nacional.
Este gobierno,
está entre los peores de las últimas dos décadas, ya que si bien, no fue el
gestor de los execrables acuerdos preexistentes, los mantuvo, como es el caso
de los Acuerdos de Madrid I y II y los privilegios al RUGB conferidos por la
Ley 24.184 que, aún vencida su vigencia, no se ha denunciado.
Pese a la creación
del “Consejo de Asuntos relativos a Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes”, en el ámbito de Presidencia
de la Nación en 2020, este cuerpo no generó una sola estrategia destinada a
recuperar en forma paulatina algunos de los asuntos que se le encomendaron. Ya
nos hemos referido al rol cumplido por algunos de los integrantes desde 1976 a la
fecha (ver cesarlerena.com.ar).
En nuestro
anterior artículo (César Lerena “Capaciten al secretario de Malvinas”,
27/5/2023) pese a la interesante iniciativa de capacitar a los funcionarios
públicos sobre la “Cuestión Malvinas” efectuamos oportunamente algunas
objeciones a la Ley 27.671 por su limitada mirada de la temática ya que, “No se
trata de una disputa, sino de la apropiación prepotente del RUGB de espacios
insulares y marítimos que forman parte indivisible del territorio nacional y,
de la explotación de sus recursos naturales, que cercena la soberanía nacional
y empobrece al pueblo argentino. La capacitación, tampoco puede limitarse a
detallar antecedentes y derechos como indica el Art. 6º de la Ley, sino en
explicitar qué representa política, estratégica, económica, social y
territorialmente la apropiación del RUGB de estos importantes espacios
nacionales (más detalles en art. referido).
No deberíamos
olvidar que el RUGB no ocupa solo los 11.410 km2 de Malvinas, sino que hoy
invade 1.639.900 Km2 de territorios marítimos e insulares y nos disputa
1.430.367 Km2 de la plataforma continental más allá de las 200 millas y
2.426.911 Km2 del continente antártico. La Cancillería nunca se refirió a esta
gravísima ocupación y disputa de nuestros territorios.
Nada se ha hecho
para favorecer la fabricación de una flota mercante, fluvial y pesquera y la
construcción y modernización de los puertos y, una mayor presencia naval en las
regiones estratégicas de la República, en especial en el área austral del Atlántico
Sur y sus accesos a los océanos pacífico e índico y la Antártida Argentina.
En este período, los británicos desde
Malvinas, avanzaron sobre nuestros territorios y se apropiaron de los recursos
pesqueros, petroleros y gasíferos. Construyeron un puerto en Georgias y
licitaron otro de 400 metros en Malvinas; mejoraron su logística y las pistas
de aterrizaje; modernizaron el armamento militar; aumentaron las relaciones con
nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay; optimizaron sus relaciones societarias
con España para favorecer el ingreso de los productos pesqueros sin arancel a
la Unión Europea pese al Brexit; la embajada británica en la Argentina pretende
culturizar a los argentinos invitando a nuestros jóvenes a “visitar sus vecinos
los isleños” (sic) o enseñarle inglés a vecinos de las provincias, como si el
Estado argentino no pudiera hacerlo.
Los responsables
del área de Malvinas dentro de la Cancillería nunca entendieron el rol de la
pesca en el Atlántico Sur y Malvinas, ni el efecto que podría provocar el
ordenamiento pesquero en el Atlántico y la eliminación de la pesca ilegal en
este ámbito; ello, pese al informe de Lord Shackleton del 21/7/1976 y las
declaraciones del director ilegal de Pesca en Malvinas John Barton, que ya en
2012 declaró que “la pesca fue central para asegurar la permanencia británica
en Malvinas”. En el año 2020 el gobierno sancionó la Ley 27.564 de incremento
de sanciones a la flota que pesca ilegalmente en el territorio argentino, sin
embargo, nunca sancionó a la flota española, coreana y taiwanesa que extrae
desde 1976 a la fecha más de 250.000 toneladas anuales de pescados del área
argentina de Malvinas, a pesar de toda la normativa nacional e internacional.
Como
contrapartida, en la Argentina caen las ventas pesqueras y la Cámara de
Industrias Pesqueras (CAPIP) solicita la declaración de emergencia para las
provincias de Chubut y Santa Cruz (Revista Pesca Puerto, 29/8/2023) agregándose
a ello, que los responsables del modelo extractivo pesquero vigente (César
Lerena “El modelo pesquero atrasa 50 años”, 2023) no promovió la administración
y explotación integral y sostenible y, mucho menos, el combate de la pesca
ilegal de todos los recursos y en particular los migratorios originarios en la
Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, impidiendo un desarrollo industrial
sustentable, generador de empleo y de soberanía territorial en la región
patagónica y, muy especialmente, aislar al RUGB en la pesca que realiza en el
área de Malvinas y su logística y transporte en la ZEE y, el posterior comercio
en la Unión Europea; política, en la que también estuvo ausente la Cancillería
y, por el contrario España, obtuvo una prórroga de tres años post brexit para
ingresar sin aranceles a Europa las materias primas pesqueras capturadas en Malvinas
y procesar en aquel continente, en perjuicio de todas las empresas productoras
argentinas.
Tampoco los
responsables nacionales pesqueros han analizado la particular situación de las
empresas españolas pesqueras radicadas en Argentina, mientras buques de igual
nacionalidad pescan asociados con los isleños en Malvinas. De igual modo,
empresas pesqueras del Estado chino se habilitan en el país, mientras más de
trescientos buques chinos todos los años pescan ilegalmente en el atlántico
sudoccidental quitándole sostenibilidad a los recursos, dañando el ecosistema
del mar argentino y, en ambos casos, quitándole competitividad a las empresas
nacionales y extranjeras radicadas en el país.
¿Cómo esconder un
elefante? Rodeándolo de una enorme cantidad de elefantes. Lo mismo que ocurre
con la pesca del RUGB en Malvinas, a la que se le agregan todos los años
quinientos buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, etc. que extraen
ilegalmente del Atlántico Sur otras 750.000 toneladas de recursos migratorios
argentinos. La Argentina no administra el Atlántico Sur.
La secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca y sus funcionarios del área y la Cancillería y
sus funcionarios afines no han sancionado a los buques extranjeros que pescan
en Malvinas; por lo tanto, habrían incumplido con lo previsto en la
Constitución Nacional y las leyes 24.543, 24.922; 26.386 y 27.564 (para mayor
detalle ver los citados artículos y “Capaciten al Subsecretario de Pesca,
10/4/2023) pudiendo estar incursos en incumplimiento de funcionarios públicos.
Tanto el subsecretario de Pesca como el secretario de Malvinas y otros
funcionarios han manifestado irresponsablemente que «no hay pesca ilegal en
Atlántico Sur y la pesca en alta mar es legal» (Urgente 24, 30/3/2023 y otros)
negando la citada legislación; pero también, la Resolución ONU 31/49 que en
1976 estableció que no se podía innovar en Malvinas, cuestión que fuera
ratificada por la Res. ONU 37/9 del 4/11/1982. Y ello, es una clara definición
de desconocimiento; pero también, una grave confesión, ya que por un lado, no
incluyen a Malvinas en el mar argentino, donde todos los años los británicos a
través de licencias ilegales extraen 250.000 toneladas de recursos pesqueros
argentinos por un valor de unos 6 mil millones de comercialización final y, por
otro, no considerar ilegal a la pesca en alta mar de los recursos migratorios
originarios de la ZEE es un lamentable reconocimiento de que estos funcionarios
no han hecho nada para erradicar esta práctica depredadora que afecta la sostenibilidad
del ecosistema y priva a la Argentina de importantísimos recursos económicos y
del desarrollo de los pueblos del litoral marítimo.
La pesca en alta
mar en las condiciones que se realiza es ilegal, al menos, por tres cuestiones
básicas:
1) El Estado de
pabellón al que pertenece el buque que captura a distancia no controla su pesca
(Art. 91º, 92º, 94º, 211º, 212º, 217º y ss, CONVEMAR) y, si solo lo hace
mediante sistemas satelitales, estos no son un instrumento suficiente para
precisar si el buque está realizando o no pesca ilegal (INDNR); si el buque
aplica la legislación del país de origen (descartes, etc.); si el personal
trabaja en forma esclava y/o trafica droga, etc.
2) La
sostenibilidad en la integridad que refiere la CONVEMAR no se puede obtener
sino se efectúan en alta mar y en relación a la ZEE, los estudios e
investigaciones pertinentes para determinar la “Captura Máxima Sostenible”
(Art. 119º, 197º, 200º, 201º, 255º, 257º y ss, CONVEMAR); lo que provoca, que
no solo la pesca en alta mar sea insostenible sino también la ZEE. Aquí aplica
el principio precautorio, porque la pesca en alta mar, sin estos parámetros
básicos, no se puede realizar sin depredar, menos aún, cuando no hay control
del Estado de pabellón como hemos indicado y,
3) Los Estados
Miembros deben tener presente que su pesca en alta mar y en la ZEE no afecta
los intereses de terceros Estados (Preámbulo y Art. 59º, 87º, 116º a 118º,
CONVEMAR); por lo tanto, si no hay acuerdos entre los Estados cuando en alta
mar se pesca sin control, sin conocer los stocks y sin acuerdos con los Estados
ribereños, la pesca es ilegal (INDNR). Este tipo de pesca alcanza también a la
realizada por los buques extranjeros con redes de arrastre de fondo en la
plataforma continental extendida más allá de las 200 millas, cuestión que la
Subsecretaría de Pesca argentina y el CFP, llamativamente, no han prohibido.
Se depreda en alta
mar en una magnitud incompatible con la sostenibilidad de las especies y,
Latinoamérica y el Caribe pierden unos 20.000 millones de dólares anuales por
pesca ilegal (INDNR) de recursos migratorios que tienen en los Estados
ribereños (En el Atlántico Suroccidental Argentina, Brasil y Uruguay).
El gobierno nos ha
puesto de espaldas al mar. El consumo per cápita mundial por año alcanza a 20.2
Kg. En Europa 24 Kg.; en África 10 kg y en Latinoamérica y el Caribe 9,8 Kg.
Mientras que en la Argentina este consumo solo alcanza a 4,8 Kg. según el
Consejo para el Cambio Estructural. El gobierno no ha llevado políticas de
consumo de pescados y este es inaccesible a los argentinos y, ello, es muy
grave porque esta especie provee grasas insaturadas y una proteína esencial
solo comparable con la leche materna, motivo por el cual, su consumo, es vital
para mejorar la dieta de los argentinos y para agregar valor en toda la cadena
comercial.
La producción
mundial de productos pesqueros fue de 177,8 millones de toneladas en 2020; de
las cuales 87,5 millones provinieron de la Acuicultura continental y marina; es
decir, un 49% del total producido. Brasil un 39%; Chile un 54%; Colombia un
51%; Ecuador un 49% etc. y la Argentina el 0,31%, lo cual nos permite estimar
que el país está perdiendo -al menos- unos 2 mil millones de dólares por año,
además de mejorar la dieta y promover la radicación de emprendimientos
productivos en distintas provincias del país, evitando el asentamiento en el
conurbano bonaerense, donde habitan 14 millones de personas.
En materia de
importación de buques, la actual política en esta materia nos remite al siglo
XVIII. Somos proveedores de materias primas a España y las empresas españolas y
otras que extraen nuestros recursos en la ZEE nos fabrican los buques en Vigo.
La ignorancia y la
falta de políticas nacionales, somete a los pueblos a la colonización, a la expoliación
sus recursos esenciales, a la falta de desarrollo industrial y poblacional de
sus territorios y les roba el bienestar a todos los argentinos. Los
funcionarios pasarán al olvido, destacaremos incluso sus fracasos, pero la
Argentina habrá perdido cuatro años más, mientras el resto de los países y los
que ocupan nuestro territorio avanzan inexorablemente.
