Centro de Estudios Cívicos
Nadie puede
dudar que el principal problema que aqueja a la sociedad argentina es el de la
pobreza, que afecta al 36,5 % de la población (17,3 millones). La línea de
pobreza está indicada por la Canasta Básica Total: $ 120.000, mientras la de
indigencia corresponde a la Canasta Básica Alimentaria: $ 52.989. Cabe señalar,
que el 80 % de los jubilados cobra la jubilación mínima: $ 43.353, es decir, se
encuentra en la indigencia, pese a haber trabajado y aportado previsionalmente.
A su vez, el Salario Mínimo Vital y Móvil está fijado en $ 54.500, es decir,
que quienes trabajan sólo tienen garantizado cobrar la mitad de lo que
necesitarían para no ser pobres.
Una
manifestación clara de la pobreza la encontramos en las villas miseria o
barrios populares, que son aquellos que se encuentran integrados por familias
agrupadas bajo diferentes grados de precariedad y hacinamiento, en donde más de
la mitad carece de títulos de propiedad del suelo y de acceso a los servicios
básicos: agua corriente, gas natural, energía eléctrica y cloacas. Estos
lugares, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares, han
crecido exponencialmente hasta los actuales 5.687, donde viven 5.000.000 de
personas. Acaba de prorrogarse por diez años, la ley 27.453 que suspende los
desalojos en estos barrios cuando hayan sido levantados en tierras usurpadas.
(1)
Vinculado a
lo anterior, el panorama del trabajo muestra características preocupantes: los
trabajadores registrados suman 12.034.000 (sectores privado, público y
monotributo); mientras 6 millones trabajan en el sector informal, y otros
1.337.136 permanecen desocupados. (2) En forma progresiva, las autoridades
gubernamentales han recurrido a medidas que procuran paliar las consecuencias
negativas del ingreso insuficiente de tantas familias a través de aportes
dinerarios. Dichos subsidios, en forma de planes, que se otorgan de modo
permanente u transitorio, son motivo de quejas constantes de quienes consideran
injusto que el Estado mantenga a personas que no trabajan.
Nuestro
Centro de Estudios Cívicos, considera necesario sentar posición sobre este
tema, frente al que, como católicos y como ciudadanos, no podemos permanecer
indiferentes. Como guía para el análisis, contamos con la doctrina social, que
nos permite iluminar nuestro transitar por la vida con la brújula de los
principios y la experiencia milenaria de la Iglesia. La obligación moral del
trabajo rentado, se remite a menudo a la Segunda Carta a los Tesalonicenses: el
que no quiera trabajar que no coma (2 Tes. 3, 10). En realidad, la frase en
griego οὐ θέλει ἐργάζεσθαι
significa “no está dispuesto a
trabajar”, es decir, que no acepta colaborar con el sostenimiento de la comunidad ni
realiza nada útil.
Sobre esto se
expidió una encíclica: La obligación de ganar el pan con el sudor de la propia
frente supone, al mismo tiempo, un derecho. Una sociedad en la que este derecho
se niegue sistemáticamente y las medidas de política económica no permitan a
los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede
conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. (3) De hecho, es ínfima
la proporción de personas que se limitan a vivir de limosnas o mantenidos por
su familia, sin realizar ninguna tarea que les permita obtener los bienes
necesarios para sostenerse a sí mismos. La mayoría de quienes necesitan ayuda
estatal para obtener un ingreso suficiente que le permita sostener a su
familia, requieren esa ayuda pese a que trabajan o trabajaron, como demuestran
las cifras citadas al comienzo.
Un
diagnóstico completo y objetivo, debe concluir que no se trata sólo, o
principalmente, de un problema económico, sino del fracaso de la política que
tiene por finalidad lograr el bien común de la comunidad. Un reciente artículo
(4) recordaba una frase de Malraux: “los pueblos no sólo tienen los gobiernos
que se merecen, sino los que se les parecen”; agregaba el periodista que es
habitual en muchos argentinos señalar que es el peronismo el causante de todos
los males que afectan a la Argentina. Sin embargo, durante el primer centenario
(1910) cuando esa fracción política no existía, otro intelectual francés,
Clemenceau, notó en una visita a esta tierra: “no he conocido ningún otro país
en donde tanta gente cree tener derecho a vivir del Estado”.
La doctrina
es clara: El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se
convierte en definitiva en una instancia burocrática (…) Lo que hace falta no
es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y
apoye, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las iniciativas que
surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la
cercanía a los hombres necesitados de auxilio. (5)
No obstante,
y dada la crisis extrema que existe en nuestro país, el deber de otorgar las
convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de los
trabajadores desocupados y de sus familias es una obligación que brota del
principio fundamental del orden moral en este campo, esto es, del principio del
uso común de los bienes o, para hablar de manera aún más sencilla, del derecho
a la vida y a la subsistencia. (6)
Otro factor
de la realidad del mundo actual, que no puede omitirse, es la creciente
automatización de las tareas productivas y de servicios, que disminuye la
necesidad del trabajo humano, y que ya ha provocado millones de desempleados, e
incluso –según la Organización Internacional del Trabajo- conducirá a la
desaparición de más de la mitad de los oficios existentes. Autores como Jeremy
Rifkin, vienen alertando sobre esta revolución tecnológica que está
substituyendo a los seres humanos por máquinas, y que hará que cada vez sean
necesarios menos trabajadores para producir los bienes y servicios requeridos
por la población mundial. (7)
Por ello, se
están experimentando en varios países distintas variantes de ingreso básico
universal o renta básica, destinadas a reemplazar las asignaciones familiares y
otros subsidios, como garantía de que toda familia o ciudadano, disponga de un
ingreso mínimo que le permita obtener los bienes indispensables para una vida
digna. (8) Por cierto, que el diseño y la implementación efectiva de esta forma
de ayuda social, deberá ser analizada por especialistas y decidida por las
autoridades gubernamentales. Pero el fundamento ético de esta manera de
redistribución sería el derecho de todos a participar de los beneficios del
incremento de la productividad y del crecimiento de la riqueza nacional por la
aplicación de las nuevas tecnologías, así como una compensación por la
disminución de empleos y de la concentración de la riqueza. Transferir una
parte de los beneficios hacia aquellos más necesitados y menos propensos a
poder disfrutar de los avances de la economía, es una forma de concretar la
justicia social, puesto que: “Hay reglas económicas que resultaron eficaces
para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la
riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que aparecen nuevas
pobrezas”. (9)
Córdoba, 10-11-2022
Dr. Andrés Torres - Dr. Carlos Vargas- Prof. Flavia
Villani - Dr. Mario Meneghini- Arq. Jorge Cima - Dr. José González del Solar
Referencias
1) Infobae, 9-10-2022.
2) Andrés Kilpphan, Infobae, 31-8-2021.
3) Juan Pablo II. “Centesimus annus”; p. 43.
4) Perfil, 6-11-22
5) Benedicto XVI. “Deus caritas est”; p. 28,
6) Juan Pablo II. “Laboren exercens”; p. 18.
7) Jeremy Rifkin. “El fin del trabajo”; Paidos, 1996.
8) Andrés Torres: www.foroazulyblanco.blogspot.com/2020/01/el-ingreso-basico-universal.html
9) Francisco. “Fratelli tutti”; p. 21.
