Con indemnizaciones en la mira, se
refuerza discurso oficial
por María del Pilar Viqueira
La cifra oficial del Estado Argentino sobre desaparecidos durante la última
dictadura (1976-83) la estableció la Conadep, que documentó y contabilizó 7.954
casos.
En 2016, cuando ya desde hace varios años, impulsados por el ideario de
Néstor Kirchner y de sus funcionarios, algunos sectores insistían con que, por
razones simbólicas, lo correcto era afirmar que fueron 30 mil, Graciela
Fernández Meijide, que integró aquel comité, reavivó el debate sobre el tema al
declarar que esa cantidad “fue un invento de los exiliados en España”.
Un par de años después, la mujer desafió nuevamente el dogma de las orgas
de DDHH que se mimetizaron con el Estado a partir de 2003: puso en duda la
cantidad, denunció el uso político de los derechos humanos durante el
kirchnerismo y recordó el escaso interés de los Kirchner en la materia antes de
llegar a la Rosada.
“Es muy ligero decir que hubo 30 mil desaparecidos, redondeando, en un país
donde hubo registros como en ningún otro”, disparó.
En ese sentido, recordó que se empezó a investigar durante la dictadura y
que cuando volvió la democracia y se puso en marcha la Conadep, por un tema de
infraestructura, casi todos los organismos remitieron su parte documental. “En
ese momento no se llegaba a 5.000 nombres registrados”, precisó.
Fernández Meijide, madre de Pablo, que desapareció a los 17 años, recordó
que “desde la historia y desde el periodismo de investigación se puede extremar
la búsqueda de recursos para lograr el máximo reconocimiento que acerque a la
verdad”. “Cada víctima tiene derecho a que su nombre y datos figuren
individualizados”, dijo, y opinó que la “generalización de 30 mil” es
irrespetuosa.
A la activista díscola su visión honesta de la historia le valió agresiones
e injurias por parte de los referentes del relato oficial.
Ahora, el presidente de la Nación analiza reforzar la protección del
discurso de sus organismos aliados, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, e
impulsar una norma para penalizar a quienes cuestionen el relato oficial
adoptando el “modelo francés”, que impide cuestionar públicamente el número de
víctimas del Holocausto.
La idea surgió en París, cuando María Laura Stirnemann, de la asociación HIJOS
en Francia, le propuso replicar la legislación de ese país.
La novedad llega luego de que, en noviembre de 2019, las indemnizaciones
por represión ilegal quedaran otra vez en la mira.
Dos violentos episodios que se registraron en Córdoba durante el gobierno
de María Estela Martínez de Perón figuran entre los 13 hechos citados en un
nuevo reclamo para obtener precisiones.
La demanda la presentó el periodista José Luis D’Angelo, autor del libro
“Mentirás tus muertos”, y quedó radicada ante el juez Federal Ariel Lijo.
El primer caso sucedió en agosto de 1975 e involucra a Hugo Therisod, alias
“Roque”. Ese día, una unidad de combate del ERP atacó en forma simultánea la
División Informaciones, el Comando Radioeléctrico y el edificio de la Guardia
de Infantería de la Policía provincial. Como consecuencia de la emboscada seis
personas perdieron la vida: cinco uniformados y Therisod.
Aunque la revista Estrella Roja publicó un artículo en el cual elogió el
compromiso de “Roque” con la revolución socialista y “su odio a la policía y
demás fuerzas represivas”, sus herederos recibieron la indemnización
correspondiente a las víctimas del terrorismo de Estado: casi cien mil dólares.
El segundo hecho ocurrió en septiembre de 1975, cuando un comando del ERP
asaltó a un camión de caudales y los custodios del rodado y efectivos de la
policía provincial se enfrentaron a tiros con los guerrilleros. Como
consecuencia, murieron Nora Marquardt (alias “Sargento Clara”) y dos empleados
de seguridad.
25 años después, los deudos de la mujer abatida, a quien se catalogó como
víctima del terrorismo de Estado, cobraron más de 170 mil dólares.
En su planteo, D’Angelo alega que los casos de “Roque” y la “Sargento
Clara” se enmarcaron en una serie de maniobras que, invocando las leyes reparatorias,
posibilitaron defraudar al Estado.
Además, sostiene que se han abonado resarcimientos por decesos de
guerrilleros ajusticiados por su propia organización (por “traidores”) o que
murieron por impericia al manipular explosivos.
En el último grupo figura Adriana Kornbliht (alias “la Turca”), quien
falleció mientras intentaba colocar una bomba en la comisaría de Monte
Chingolo, en la provincia de Buenos Aires, en marzo de 1977, y cuyos familiares
recibieron 116 mil dólares en 2007.
No fue la primera vez que se pusieron en tela de juicio resarcimientos
cobrados por deudos de guerrilleros.
En junio del año pasado, ex titulares de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación fueron denunciados por presunta defraudación a la Administración
pública y falsedad ideológica, a raíz del supuesto otorgamiento espurio de
indemnizaciones destinadas a víctimas de la dictadura.
Jovina Luna, hermana del conscripto Hermindo Luna, asesinado el 5 de
octubre de 1975 en el Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa, durante
un ataque de la organización armada Montoneros, que dejó como saldo 13
abatidos, denunció que los derechohabientes de nueve de ellos recibieron dinero
merced a encuadres apócrifos.
“Las maniobras delictivas consisten en la registración oficial de casos
falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el objeto de que sus
causahabientes y otros partícipes cobraran indebidamente del Estado millonarias
indemnizaciones que afectaron gravemente al erario público al amparo de la Ley
24 411”, planteó Luna.
Los ex funcionarios que mencionó la actora se desempeñaron entre 1995 y
2015: Alicia Pierini (1991-1997), Inés Pérez Suárez (1997-1999), Diana Conti
(2000-2003), el fallecido Eduardo Luis Duhalde (2003-2012) y el cordobés Martín
Fresneda (2012-2016).
Fuente: Diario Alfil, 7-2-2020
