La migración en la era de la globalización neoliberal
El caso de estudio de Zamora
Chinchipe (Ecuador) como reflejo de un fenómeno a escala global
Por José María García
Universidad de Murcia (España)
En memoria de Josep Fontana
Los hombres
no pueden diseminarse hasta el infinito por el globo, cuya superficie es
limitada y, por tanto, deben tolerar mutuamente su presencia, ya que
originariamente nadie tiene mejor derecho que otro a estar en determinado lugar
del planeta.
Immanuel Kant,
La paz perpetua
Resumen
El incremento de los movimientos
migratorios en las últimas décadas ha ido acompañado de un control más estricto
de los flujos migratorios, así como de una reconfiguración política de la
economía global en su fase neoliberal. En este estudio mostramos el enfoque
metodológico que hemos utilizado para analizar estas transformaciones
políticas, sociales y económicas, valiéndonos de la información recogida en un
caso de estudio realizado en Zamora Chinchipe (Ecuador) con el propósito de
aportar una perspectiva local para comprender mejor estas transformaciones
socioeconómicas globales.
Introducción
El número de migrantes
internacionales en todo el mundo se ha incrementado de 84 millones de personas
en el año 1970 a 232 millones en 2012 (Veltmeyer y Delgado, 2018: 94). Los movimientos migratorios que han tenido lugar
en países como España, receptor de un importante flujo migratorio procedente de
Ecuador en los primeros años del siglo XXI, es un reflejo de este fenómeno
global.
¿Qué lleva a los seres humanos a
abandonar sus lugares de origen? Para estudiar un proceso como las migraciones
(“deslocalización que desarraiga”, en palabras de Bourdieu (2001: 257), las
teorías basadas en la elección racional han representado a los agentes, en este
caso los migrantes, como individuos aislados que persiguen su propio interés,
considerando de forma racional los riesgos y beneficios que comporta la
decisión de migrar (Hirschman, 2013: 157). Como sabemos, la migración es un
proceso caracterizado por su complejidad, así como por la persistencia de
“mitos que distorsionan la realidad” (Delgado-Wise, 2014: 657) y que nos
impiden obtener una adecuada comprensión de las fuerzas y motivaciones que han
llevado a hombres y mujeres a abandonar sus lugares de origen embarcándose en
un incierto porvenir.
De acuerdo con Delgado-Wise, es
preciso llevar a cabo un estudio de los movimientos migratorios a través de un
“marco analítico multidimensional” (Delgado Wise, 2019b: 6), ya que los
humanos, como ha sido demostrado repetidamente, no suelen actuar como sugiere
la teoría del agente económico racional (Sen, 1977; Kahneman, 2012: 535).
Los estudios migratorios pueden
enriquecerse con las aportaciones de las diversas disciplinas del conocimiento
que la teoría económica estándar considera competencia de “psicólogos,
sociólogos y antropólogos” (Hirschman, 2013: 158-159). Sin embargo, como ha
afirmado Wolfgang Streeck, cualquier análisis sociológico que deje fuera el
factor económico es “insostenible” (Streeck, 2017c: 281). En el análisis de los
movimientos migratorios es fundamental estudiar las condiciones sociales y
económicas objetivas presentes tanto en los lugares de origen como en los
lugares de destino de los migrantes, lo que la teoría clásica ha considerado
los factores de absorción y dispersión (Ravenstein, 1885: 184).
Las rápidas transformaciones
económicas, sociales y culturales experimentadas en las sociedades de origen y
de destino de los migrantes y las implicaciones que ha tenido la migración para
estas comunidades humanas no han sido abordadas en muchos estudios,
predominando unas concepciones tal vez demasiado superficiales de los procesos
migratorios. Como han indicado Schafran y Monkonnen en un estudio sobre la
migración estadounidense en México, un enfoque renovado implica “no sólo
adoptar el ojo crítico de diferentes geografías urbanas, sino hacerlo a un
nivel de especificidad geográfica exigido por el rechazo del fenómeno a encajar
en una caja de fácil interpretación” (Schafran y Monkonnen, 2011: 250).
En este artículo se ha abordado
en primer lugar la metodología empleada para analizar las relaciones sociales
surgidas en el proceso migratorio y las interacciones entre los migrantes y la
estructura económica de la que forman parte, tanto en los países de origen como
en los países de destino. Posteriormente se analizan brevemente los importantes
cambios operados en la economía mundial desde la década de 1970. Hemos
utilizado información de un caso de estudio realizado en Zamora Chinchipe
(Ecuador) con el fin de enriquecer la visión que aportamos de estos fenómenos
globales con una perspectiva local, recogiendo los testimonios de los hombres y
mujeres que se han visto involucrados en los mismos. El cuarto apartado aborda
los cambios políticos, legales y socioeconómicos que han tenido lugar en los
países de destino, las llamadas economías industriales avanzadas, respecto al
incremento de los flujos migratorios. Se analizan las repercusiones de estas
políticas en las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones migrantes. El
quinto epígrafe comprende los efectos sociales de la crisis sistémica de
2008/09, las consecuencias que ha tenido la depresión económica en los niveles
de vida de las mayorías sociales y los cambios forzados en las estrategias
migratorias. El trabajo finaliza con la exposición de algunas conclusiones
obtenidas de este estudio.
Método
La importancia que la migración
ha cobrado en el discurso público y las implicaciones políticas que tiene para
las sociedades puede conducirnos a realizar una interpretación errónea de estos
acontecimientos, lo que Bourdieu ha denominado “sociología espontánea”
(Bourdieu et al., 2005).
El estudio de las relaciones
sociales que se han establecido durante los movimientos migratorios ha sido de
una importancia primordial para el análisis de estos procesos. Los movimientos
migratorios se han caracterizado por unos flujos que conducen a las poblaciones
de determinadas regiones hacia lugares concretos en los países de destino, como
podemos observar en la migración china que se ha dirigido a España, procedente
en su mayor parte de la ciudad de Wenzhou, “una zona famosa por la habilidad
negociadora de sus habitantes y la escasez de tierras cultivables” (Davis,
2014: 147). De forma similar, la gran mayoría de los trabajadores de los
restaurantes indios en el Reino Unido
han emigrado desde “una provincia concreta de Bangladesh” (Hobsbawm, 2013: 41).
Estos flujos de población han estado determinados tanto por las dificultades
que afrontan los habitantes de estos territorios para lograr unas condiciones
de vida dignas para ellos y sus familias, como por las condiciones
socioeconómicas presentes en los países de destino.
Las redes migratorias suponen un
elemento fundamental a la hora de explicar y analizar los diversos intercambios
que se han establecido entre los primeros migrantes que han acudido al país y
los familiares y amigos que han migrado con posterioridad, una vez que han
contado con un sistema de apoyo que les permite un acceso más fácil a vivienda,
alojamiento y ofertas de empleo en el país receptor. Estas redes también han
permitido a los migrantes en los lugares de origen obtener información sobre
las condiciones de trabajo y las posibilidades de lograr una mejora de las
condiciones de vida en los países de destino.
Las familias e individuos han
contemplado a la migración como una estrategia para solucionar los problemas de
reproducción social que han afrontado en su vida cotidiana, en territorios
afectados por problemas socio-económicos estructurales, azotados por catástrofes
naturales o devastados por conflictos bélicos. El caso concreto de Ecuador
estuvo marcado por diversos factores, entre los que destaca la depresión
económica ocasionada por las políticas de ajuste recetadas por las
instituciones supranacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional y aplicadas por los gobiernos de la década de 1990, que
conllevaron una oleada de despidos de trabajadores del sector público (Davis,
2014; Portes y Hoffman, 2003). Las políticas de ajuste estructural han
consistido en modificaciones de la legislación para favorecer al sector
privado, una apertura a la inversión exterior, una mayor flexibilidad en los
derechos de los trabajadores y una “dolarización” por la que Ecuador perdió el
control de su divisa nacional (el sucre), y en consecuencia, de su política
monetaria. Estas medidas han ocasionado un empobrecimiento generalizado de las
mayorías sociales, al tiempo que contribuyeron a concentrar la riqueza en las
capas más elevadas de la sociedad. Grandes sectores de la población ecuatoriana
cayeron en una situación de pobreza: si en 1995 afectaba a 3,9 millones de
personas, cinco años más tarde esta cifra creció a 9,1 millones. De acuerdo con
Acosta, un 31% de la población del país andino se encontraba en situación de
pobreza extrema en el año 2000 (Acosta, 2005: 2). El 20% más rico de la
población, según datos del Banco Mundial, pasó de captar un 54,4% de los
ingresos en 1987 a ser dueño de un 62,5% en el año 1999. Una gran parte de los
ingresos del país fue destinado al pago de los intereses de la elevada deuda
externa, que llegó a suponer un 40% del PIB a finales del siglo XX (Bethell,
2002: 290).
Las redes migratorias que se han
establecido entre los países de origen y destino no comprenden únicamente las relaciones
familiares o de amistad de los migrantes, sino que se han extendido a diversas
instituciones de la sociedad como Cruz Roja o Cáritas, en el caso de España, o
las diferentes congregaciones religiosas en Estados Unidos, que han permitido a
los recién llegados un acceso más fácil a un primer empleo o un alojamiento,
así como tener contacto con compatriotas en muchos casos en los que llegaban al
país de destino sin prácticamente ningún conocimiento del lugar al que se
dirigían. Muchos ecuatorianos y ecuatorianas albergaban la esperanza de
coincidir en la ciudad con algún conocido del pueblo o la aldea que habían
dejado atrás, como sucedió a muchos migrantes procedentes de Zamora Chinchipe
(Ecuador) que se dirigieron a la ciudad de Pamplona, en la provincia
septentrional de Navarra (España). Althoff ha señalado que muchos migrantes
latinoamericanos en Estados Unidos se han convertido a la fe pentecostal, lo
que puede entenderse como la búsqueda de una nueva comunidad en un entorno
desconocido para ellos (Althoff, 2006).
De estas observaciones se deduce
que “los patrones fundamentales de la migración doméstica e internacional son
mejor entendidos en términos de las dinámicas estructurales del desarrollo
capitalista – la evolución del capitalismo como un sistema mundial” (Veltmeyer
y Delgado, 2018: 106) en su actual fase histórica de globalización neoliberal,
en la que han prosperado importantes compañías monopólicas multinacionales que
operan con una división de funciones y procesos productivos que se extiende por
todo el mundo.
Se ha estimado que el número de
migrantes internacionales asciende a 244 millones, mientras que el número de
personas que querrían emprender un proceso migratorio se sitúa en torno a 700
millones (Veltmeyer y Delgado, 2018: 115-116). Estos hombres y mujeres se han
visto obligados a dirigirse junto a sus familias allá donde puedan conseguir
unas mejores remuneraciones dadas las dificultades estructurales para asegurar
la subsistencia en los países del sur global. Esto no implica afirmar que los
países del norte presenten una situación favorable, tras décadas de bajadas
salariales y un reparto desigual de los beneficios derivados del aumento de la
productividad en las empresas, que han acabado principalmente en manos de los
directivos y accionistas. Así lo indica un informe de 2014, precisando que en
España los salarios no sólo no han crecido desde 2008, sino que han disminuido
(OECD-ILO-WB, 2014: 5). Unos vecinos que aguardan tras unas puertas
resguardadas con muros, cuchillas y agentes fronterizos su oportunidad para
llevar a cabo las ocupaciones con salarios más bajos y menos atractivas para
los ciudadanos autóctonos. La presencia de estos vecinos ha despertado la
inquietud y el malestar en unas poblaciones que han debido afrontar en sus
comunidades vertiginosos cambios en su vida cotidiana y sus costumbres
tradicionales a causa de las fuerzas liberadas por la globalización neoliberal,
gestionada por los expertos de las “agencias tecnocráticas internacionales como
la UE” (Streeck, 2018b: 44).
Las relaciones sociales entre los
diferentes agentes que participan en el proceso migratorio, ya sean los propios
migrantes, las instituciones públicas o las poblaciones autóctonas, han
reflejado en algunas ocasiones rasgos conflictivos. No obstante, estas
relaciones de ningún modo son estáticas ni están condenadas a permanecer sin
cambios a causa de diferencias culturales supuestamente insalvables. Por el
contrario, comprender de forma más profunda las relaciones en las que nos vemos
envueltos en nuestro entorno determina nuestra capacidad para transformarlas,
permitiéndonos desarrollar un proceso de “resocialización adulta” (Petras,
2003: 2). Podemos de este modo entender mejor nuestra realidad y adquirir un
mayor conocimiento de las condiciones objetivas en las que necesariamente hemos
de llevar a cabo nuestras vidas. Superar estos prejuicios nos puede permitir
centrar nuestra atención, tanto individual como colectiva, en aspectos de los
recién llegados como “su talento y sus logros” (Hobsbawm, 2013: 44), por encima
de otro tipo de consideraciones. Como ha mostrado la psicología, no es posible
enfrentarse a unas concepciones arraigadas en determinadas experiencias
personales e individuales mediante el mero recurso a la “estadística causal más
persuasiva”, por la manera en que está configurado nuestro pensamiento
(Kahneman, 2012: 230). De acuerdo con Harvey, lo que caracteriza a las
relaciones sociales y a las pautas de la vida cotidiana es su “continua
renovación y transformación” (Harvey, 2018a: 393).
Un importante número de migrantes
ecuatorianos, así como de muchas otras nacionalidades, se han visto atraídos
por el crecimiento económico de la economía española en los primeros años del
siglo XXI. Estos trabajadores extranjeros han desempeñado su actividad
principalmente en el sector de la hostelería, el servicio doméstico, el trabajo
sexual, la agricultura y han jugado un importante papel en el desarrollo de la
construcción, que experimentó un desproporcionado auge desde la primera década
del presente siglo hasta detenerse abruptamente en la crisis sistémica de
2008/09 (López y Rodríguez, 2011). En sectores necesitados de una mano de obra
flexible y poco remunerada, como el sector agropecuario y el sector servicios,
los trabajadores inmigrantes han reemplazado a los trabajadores autóctonos
(Petras, 2007). El servicio doméstico ha ocupado a una cuarta parte de las
trabajadoras migrantes ecuatorianas en España durante los primeros años de la
década de 2000 (Córdoba, 2015: 81).
La existencia de redes migratorias
en España procedentes de Ecuador desde la década de 1990 (Jokisch &
Priblisky, 2002) unido a una legislación favorable a la migración de mano de
obra que data de la dictadura del general Franco (Gómez Ciriano, 2001) se ha
traducido en un incremento de la población inmigrante, invirtiendo por un breve
periodo la continuidad histórica de España como país expulsor de población
(Sánchez Albornoz, 1973: 182-185). Unos flujos migratorios que han disminuido
con la imposición del requisito de visado por parte de la Unión Europea a
partir de 2003 (FLACSO-UNFPA, 2008: 15).
Para llevar a cabo el análisis de
las relaciones de estos agentes con su entorno hemos efectuado una distinción,
siguiendo a Streeck, entre aquellos que dependen de un ingreso a cambio de su
actividad (todo tipo de trabajadores asalariados, así como traductores
autónomos, científicos trabajando en laboratorios, etcétera) y aquellos
dependientes de los beneficios, tanto por una actividad empresarial como en
forma de ingresos por rentas (Streeck, 2016). Los importantes cambios
experimentados en la organización de la producción social no deben llevarnos a
rechazar en su totalidad la investigación realizada en el pasado. Como ha
advertido Fontana, “que las clases se definan de otra forma no quiere decir que
esa disparidad social no se produzca” (Elorduy, 2016).
Llegados a este punto ha de
subrayarse nuestro distanciamiento de los enfoques que en los últimos años han
adquirido popularidad, que no han tenido en cuenta estos factores socioeconómicos
en favor de aspectos menos concretos como los “sentimientos”, así como las
críticas que han recibido los “grandes relatos” desde el posmodernismo, que de
acuerdo con Ziauddin Sardar, “priva a todos los acontecimientos históricos de
sentido” (Fontana, 2001: 326). Si bien no negamos la posibilidad de que estas
corrientes hagan aportaciones al conocimiento sociológico, nos alejan de una
comprensión que abarque la totalidad de los hombres y mujeres en sociedad,
escapando de divisiones artificiales producto de modas académicas.
La consideración del entorno
social del que provienen los migrantes tiene una importancia determinante para
conocer las razones y las causas de la migración. En unas palabras que nos
recuerdan la famosa afirmación de Marx, “tenemos la capacidad de construir
nuestro propio futuro, pero en circunstancias que no podemos escoger” (Rose,
1998, en Fontana, 2001: 16). Estas circunstancias en muchos casos no son
abordadas en los estudios sobre migraciones. Los investigadores han denunciado que
se ha “ignorado de forma rutinaria” la desposesión de medios de vida y la
ausencia de una planificación enfocada al desarrollo en muchos países del sur
global expulsores de población (Delgado-Wise, 2014: 652). También es necesario
analizar las dificultades presentes en el viaje y las severas violaciones de
los derechos humanos a las que se han visto expuestas las personas migrantes.
Además, es preciso estudiar la manera en la que se lleva a cabo el reparto de
los beneficios generados en el proceso de producción social, del que los
migrantes son parte fundamental, en las sociedades de destino (Delgado-Wise,
2019b: 4).
El estudio de la historia de una
provincia expulsora de población migrante como la provincia de Zamora Chinchipe
(Ecuador) ha permitido analizar el proceso de construcción histórica de la
desigualdad en el territorio, realizando una “genealogía del presente”, en
expresión de Fontana (Pontón, 2016: 18). En nuestro trabajo de investigación se
han empleado fuentes de datos cuantitativos, principalmente las bases de datos
oficiales, así como fuentes cualitativas,
como las entrevistas semiestructuradas y el estudio bibliográfico, con
el fin de tratar de evitar cualquier inhibición metodológica (Bourdieu et al.,
2005: 295).
La construcción histórica del
territorio en Zamora Chinchipe ha estado marcada por la colonización, cimentada
en unas relaciones de “neofeudalismo” observadas también en la amazonía peruana
a causa de la forma en la que se llevó a cabo el poblamiento de estos
territorios selváticos (Bustamante, 1988; Rudel, 1983; Aramburú, 1981: 52;
Hobsbawm, 1969). La llegada de campesinos y personal del ejército ecuatoriano
procedentes de provincias limítrofes como Loja ha implicado que amplias
extensiones de tierras consideradas baldías hayan sido ocupadas por estos
colonos, unas tierras de las que las comunidades Shuar fueron despojadas. Como
ha escrito Eguiguren, “La colonización de tierras durante la segunda mitad del
siglo XX, ya sea la llamada “espontánea” o la gestionada por el Estado, favoreció
más a medianos propietarios y especuladores, y en menor medida, a campesinos
sin acceso a tierra” (Eguiguren, 2015: 35). La necesidad que han tenido los
colonos de talar árboles para lograr espacio para sus familias y los pastos que
necesita su ganado, así como el desarrollo de la industria maderera, han
ocasionado una rápida deforestación, que ha alcanzado en el periodo 2008-2014
las 1.277 hectáreas por año (Maldonado et al., 2018).
Este domino económico por parte
de los más privilegiados en el territorio se ha reproducido en unas
instituciones formalmente democráticas, sostenidas mediante una compleja e
intrincada red de relaciones de compadrazgo (Mintz y Wolf, 1950), que ha
favorecido a aquellos políticos que tradicionalmente han contado con el poder y
los recursos económicos en la provincia, logrando así la tolerancia o el apoyo
de quienes se han beneficiado de estas prácticas paternalistas y clientelares.
En Zamora Chinchipe, la familia Delgado Tello ha ejercido la hegemonía política
en la provincia, logrando así mantenerse en el poder durante dos décadas (El
Universo, 2006). Como ha señalado Martínez Valle en su estudio del clientelismo
en la sierra ecuatoriana, “la presencia de viejas y nuevas formas clientelares
en las relaciones capital-trabajo constituyen un serio obstáculo para la
organización de los trabajadores” (Martínez Valle, 2019: 89). Todo esto nos
lleva a cuestionar las generalizaciones sobre la conducta política de estas
poblaciones, así como a reflexionar acerca de la “necesidad de entender la
lógica de la actuación campesina” (Fontana, 2013: 168).
Transición al mundo neoliberal
Desde la década de 1970 ha tenido
lugar un proceso de cambios políticos en la economía mundial, lo que ha dado
lugar a la emergencia de importantes corporaciones trasnacionales que se han
extendido por toda la geografía global. Este proceso político ha comenzado con
una ofensiva a las clases trabajadoras por parte de las administraciones
encabezadas por Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (1981-1989) en Estados
Unidos, o Margaret Thatcher (1979-1990) en el Reino Unido, quienes con sus
políticas a favor del sector empresarial y contra las clases trabajadoras
organizadas han dado comienzo a una “contrarrevolución conservadora” (Fontana,
2011: 605-608) que continúa hasta el momento de escribir estas líneas. Esta
contrarrevolución ha tenido como una de sus principales consecuencias la
pérdida de la soberanía económica de los estados en favor de las instituciones
supranacionales y las fuerzas de la economía global. El proceso de
globalización económica ha buscado, entre otros aspectos, afrontar el problema
de la reducción de los beneficios empresariales y contrarrestar el poder del
movimiento obrero, así como las conquistas sociales logradas durante los treinta
años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial, que conllevaron la creación
en Europa de amplios sistemas de seguridad social públicos y universales
(pensiones, sanidad, educación pública). Esto ha permitido a los grandes
empresarios e inversores escapar de las limitaciones impuestas por la política
de los estados y las instituciones nacionales convirtiéndose en una “clase
capitalista transnacional” (Robinson, 2016; Davidson, 2008).
El traslado de plantas
industriales y sectores del proceso productivo a países de bajos salarios ha
formado parte de una carrera en busca de una mano de obra más barata por parte
de los inversores y las grandes empresas. Podemos observar un ejemplo de esta
dinámica en las plantas de fabricación de componentes electrónicos o las
factorías textiles ubicadas en los países de Asia. Este proceso permite una
mayor obtención de beneficios empresariales para las grandes multinacionales
(Wallerstein, 2015a). Un 71,3% de la “fuerza de trabajo global de reserva” se
encuentra en países del sur global (Delgado-Wise, 2019a). Muchos campesinos
tradicionales, sin abandonar completamente sus comunidades, se han reconvertido
en trabajadores asalariados para estas compañías. Gran parte de la mano de obra
que se ha visto atraída por la posibilidad de trabajar en estas industrias ha
migrado desde entornos rurales, donde afronta considerables problemas para
asegurar su subsistencia. De acuerdo con las cifras, “El 75% de los pobres del
mundo hoy aún viven en zonas rurales” (Veltmeyer y Delgado, 2018: 80).
Estos campesinos han buscado
fuentes de ingreso alternativas en los centros urbanos, viéndose arrastrados a
los suburbios que han emergido en torno a las grandes urbes. En estas ciudades
miseria, en expresión de Mike Davis, han sido arrojados a situaciones de
pobreza y exclusión social. Estos trabajadores han debido desempeñar empleos
inseguros e inestables a cambio de unos pocos dólares (o pesos) en las calles
de las grandes metrópolis, residiendo en barriadas, favelas o villas miseria,
muchas veces en condiciones de hacinamiento, expuestos a ser víctimas de la
delincuencia o empujados a la misma por sus exiguas condiciones de vida (Davis,
2014).
Las grandes multinacionales se
han beneficiado de la disminución del precio de los transportes, las nuevas
tecnologías que permiten modelos más flexibles de negocio y la capacidad de
trasladar procesos productivos a través de mecanismos como la subcontratación.
Un informe de Oxfam de 2017 ha señalado que: “las grandes empresas,
implacables, están reduciendo al mínimo los costes de la mano de obra en todo
el mundo, impidiendo que los trabajadores y productores de sus cadenas de
suministro se beneficien del crecimiento económico, lo cual incrementa la
desigualdad y ahoga la demanda”. Los trabajadores chinos empleados en las
fábricas de la provincia de Shenzhen, propiedad de la compañía taiwanesa
Foxconn, han recibido en 2009 un salario menor a un dólar por hora de trabajo
“forzados a hacer rápidos movimientos con sus manos durante largas horas y
meses sin parar, encontrándose con tics nerviosos continuos por la noche”
(Foster et al., 2011). Este sistema contribuye a asegurar unos suculentos
beneficios en manos de los directivos y accionistas de las compañías
multinacionales como Apple que se benefician de este trabajo. Si bien estos
empleos suponen una pequeña fuente de
ingresos para los trabajadores vietnamitas o bangladesíes, las empresas que
llevan a cabo la producción textil para las grandes cadenas multinacionales que
operan en todo el sur global se han beneficiado de importantes rebajas de
impuestos concedidas por los gobiernos para conseguir atraer inversiones.
La amplia movilidad del dinero
permite un vertiginoso flujo de inversiones y la rápida instalación de sectores
productivos en países extranjeros. Un ejemplo son las maquiladoras instaladas
en las provincias mexicanas que hacen frontera con Estados Unidos o los
departamentos de atención al cliente ubicados en la India, Latinoamérica, o
Polonia. Esta mayor libertad para los capitales extranjeros contrasta de forma
llamativa con las amplias restricciones que enfrentan los trabajadores de los
países del sur para migrar a los centros económicos situados en los países del
norte, lo que ha sido calificado como un proceso de “arbitraje laboral global”
(Foster et al., 2011).
El incremento de la desigualdad y
la pobreza que ha afectado a los trabajadores de los países del norte a causa
de las políticas de austeridad ha profundizado las divisiones en las
sociedades. La pobreza se ha extendido en amplios sectores de la población
reduciendo la capacidad de consumo en los negocios locales, lo que ha llevado a
la ruina a muchos pequeños empresarios. Este proceso, conocido como
“devaluación interna”, implica una reducción de los salarios, con el fin de que
se traduzca en menores costes de producción para las empresas y una disminución
del precio de los bienes y servicios producidos en el país. Con estas medidas,
tal y como afirman incansablemente muchos economistas neoclásicos, se
conseguirá incrementar la inversión extranjera y lograr el ansiado crecimiento
económico, sin especificar quiénes se beneficiarán de él. Como advierte Michael
Hudson, “lo que se le escapa a la política económica neoliberal es que su
demanda de recortes en los salarios pasa por alto el hecho de que el coste del
trabajo puede ser reducido más eficientemente cambiando el modo de recaudación
de impuestos centrándose en recaudar renta económica y reduciendo la sobrecarga
de la deuda” (Hudson, 2011: 14). Este empeoramiento de las condiciones de vida
de las mayorías sociales ha profundizado las desigualdades que pueden
percibirse en el día a día de muchos pueblos y ciudades.
La alienación y una profunda
sensación de desarraigo han afectado a muchos residentes en los grandes centros
urbanos, donde los ciudadanos desconocen “su lugar en el tejido socioeconómico
y geográfico” de las sociedades a las que pertenecen (Delgado-Wise, 2019a: 9).
A diferencia de lo que ha sido habitual en las fábricas tradicionales, donde
existía una presencia visible del patrón y un reconocimiento mutuo entre éste y
los trabajadores, así como la conciencia de las responsabilidades compartidas
de cada actor, en la actualidad los trabajadores de las grandes compañías
multinacionales tienen sobre ellos una jerarquía de superiores insertos en una
“entidad corporativa sin rostro, móvil y desterritorializada” (Delgado-Wise,
2019a). De acuerdo con Davidson, “el ethos de McDonalds o Wal-Mart” tal vez
pueda cautivar a los puestos intermedios de las empresas, pero no ocurre lo
mismo con los trabajadores: “la realidad del conflicto diario entre ellos y el
empleador es demasiado cruda para ser superada” (Davidson, 2008).
El contraataque indio
Las movilizaciones indígenas que
han cobrado fuerza desde la década de 1990 en Ecuador han sido determinantes en
la caída de los gobernantes neoliberales de finales de siglo y un apoyo
esencial para la llegada al poder del partido Alianza País en 2006. La entrada
en el Palacio de Carondelet de Rafael Correa (2007-2017) ha tenido como
consecuencia que las tradicionales élites económicas del país andino,
instaladas en los prósperos negocios bancarios de la costa ecuatoriana y las
vastas propiedades latifundistas serranas, hayan visto disminuir su hegemonía
política en el panorama de partidos políticos en favor de opciones orientadas a
las mayorías sociales (Schützhofer, 2016: 48). En Zamora Chinchipe, esta
energía social (Carrillo, 2019) se transmitiría con la llegada al poder de un
indígena saraguro, Salvador Quishpe, lo que significaba romper con la tradición
de dominación oligárquica familiar en la provincia amazónica. La Revolución
Ciudadana ha supuesto una “forma post-neoliberal de desarrollo inclusivo”
(Veltmeyer y Delgado Wise, 2018: 144) en la que se han llevado a cabo
importantes mejoras en los servicios públicos, especialmente en territorios
rurales como Zamora Chinchipe (Diario el Telégrafo, 2013) y una reducción de
las cifras de pobreza, así como una estabilidad política poco común en la
historia reciente de Ecuador. Es preciso recordar que en la década de 1990 se
sucedieron numerosos presidentes en el poder, o fueron apartados del mismo por
la acción del pueblo, en medio de una “crisis de la institucionalidad estatal”
(Endara, 2011: 166). No obstante, la época de la Revolución Ciudadana ha estado
marcada por el desarrollo del extractivismo minero, ampliamente fomentado por
el partido gobernante. Un problema que ha perjudicado especialmente a los
residentes en los territorios locales donde se encuentran el petróleo y los
minerales cuya extracción ha proporcionado los ingresos que han permitido
financiar políticas sociales (Lavinas, 2014). La situación para la economía
ecuatoriana se ha agravado por la caída de los precios del petróleo en 2014, la
principal materia prima de exportación de Ecuador, así como por los efectos que
ha tenido la crisis sistémica de 2008 en una economía donde las remesas
enviadas por los migrantes desde países como España, Estados Unidos, Italia u
Holanda han sido la segunda fuente de ingresos del país andino. ¿Significa esto
que el destino de Ecuador está marcado por una supuesta “maldición de los
recursos naturales”, que experimentan todos los países con importantes reservas
de materias primas como el petróleo y otros bienes primarios? Lejos de tratarse
de una maldición a la que no habría forma de oponerse, la causa de las
dificultades económicas de estos países, así como su solución, se encuentra en
la política. Más concretamente, como ha señalado Carrillo, la excesiva
dependencia de las materias primas y la ausencia de transformaciones
estructurales en las economías latinoamericanas es consecuencia de una
“premeditada conducción de la política económica” (Carrillo, 2018b: 184).
Las comunidades indígenas han
afrontado en sus territorios la represión de sus protestas por parte de las
fuerzas armadas, al tiempo que se ha reforzado el autoritarismo concentrado en
la figura del presidente (De la Torre y Ortiz, 2016). Los movimientos sociales
que crearon las condiciones para la victoria de Alianza País han sido
“ignorados o marginados” en favor de desarrollar una política extractivista
(Veltmeyer & Delgado Wise, 2018: 145; Veltmeyer, 2016).
Tras la bajada de los precios del
petróleo en 2014 ha tenido lugar una apertura
al capital financiero en el sector sanitario y el acercamiento al Fondo
Monetario Internacional (Carrillo, 2019). La provincia de Zamora Chinchipe se
ha visto especialmente castigada por esta política de fomento a la minería a
gran escala. Dos proyectos estratégicos mineros del gobierno se encuentran en
esta provincia, el proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte (Ministerio
de Minería, 2016). Cifras de Sacher y Acosta para el año 2012 han estimado que
las concesiones a las empresas mineras han superado las 280.000 hectáreas en
Zamora Chinchipe (Sacher y Acosta, 2012: 43). Las actividades de las empresas
estatales chinas y las trasnacionales como Ecuacorriente, CRCC-Tongguan y
Lundin Gold, junto con el escaso apoyo recibido en la práctica por parte de los
funcionarios gubernamentales, o su connivencia en algunos casos, han tenido
como consecuencia la desaparición de los modos de vida tradicionales de muchos
pequeños campesinos y mineros, así como la desarticulación de sus comunidades
tradicionales. Los trabajadores de las compañías mineras han enfrentado duras
condiciones de explotación y maltrato por parte de los jefes de estas empresas
extractivas (Diario La Hora, 2015a). Los habitantes que no han abandonado sus
hogares ante las insistentes demandas de las empresas mineras han sido
hostigados, o han recibido injustas compensaciones por la venta de sus
parcelas. En algunos casos se han destruido edificios construidos con el
trabajo de las mingas comunitarias[1] a causa de las necesidades de las empresas
extractivas, como ha ocurrido en el poblado San Marcos de Tundayme. Los caminos
públicos han sido restringidos al paso de los pobladores y la vida diaria de
las comunidades se ha visto afectada por la vigilancia que ejercen estas
compañías, unido a la contaminación de los ríos de los que dependen estas
poblaciones para alimentarse. Estos procesos de “acumulación por desposesión”
(Harvey, 2005) han afectado gravemente a las comunidades campesinas y líderes
shuar como José Tendentza han encontrado la muerte a causa de su oposición
directa a estos proyectos extractivos (Sacher et al, 2016; Vivas, 2011). Lenín
Moreno ha dado un giro más radical a esta política de acercamiento a los
sectores empresariales en detrimento de las mayorías sociales al realizar mayores
concesiones a la oligarquía compuesta por los sectores financieros,
empresariales y los grandes medios de comunicación de Ecuador. La consulta
realizada en 2018 ha derogado una ley encaminada a lograr una mayor justicia
social como la Ley de Plusvalía, lo que ha beneficiado a las élites económicas
del país andino (Boron, 2018).
Muchos trabajadores en Zamora
Chinchipe no han contado con un salario adecuado pese a desempeñar empleos
cualificados, una situación que puede observarse en muchas regiones en todo el
sur global. De acuerdo con Hirschman “el trabajo calificado o de mejor calidad
que la media se pagará mal, ya sea porque no se le tiene en cuenta, porque no
se le atribuye gran valor o porque tiene una remuneración que no se puede medir
en pesos y centavos” (Hirschman, 1961: 189). En Zamora Chinchipe, el trabajo
agropecuario, la minería artesanal y el sector maderero han permitido obtener
mayores ingresos en comparación con el trabajo de profesor. Difícilmente podía
expresarse mejor esta contradicción como lo hace un entrevistado en Zamora:
Trabajaba, era profesor, dejé
porque nos pagaban cada cuatro (meses) (…) traía huevos de Guayaquil y ganaba
un poco más que el magisterio. Ganaba más vendiendo huevos que de profesor. En
ese tiempo yo ganaba 1.200 sucres (entre 40-45 dólares) (Entrevista 10).
El caso particular de este
entrevistado arroja luz sobre un problema generalizado, que ha llevado a
importantes sectores de la población cualificada de los países del sur a
emprender procesos migratorios hacia los países del norte (Veltmeyer y Delgado,
2018: 105-106). Hirschman concluye que “es casi seguro que el Sur cederá al
norte su gente más altamente capacitada. Y, junto con la destreza y el espíritu
de empresa, el poco capital que genera el Sur migrará probablemente hacia el
Norte” (Hirschman, 1961: 189). Es difícil objetar la importancia de estos
factores económicos para el estudio de las migraciones.
Los procesos de expulsión
desencadenados por estas políticas han ocasionado una pérdida de la cohesión
tradicional presente en las comunidades locales. La migración masiva ocurrida
en Ecuador ha “dejado atrás” a muchos parientes y convecinos (Delgado y
Veltmeyer, 2016: 110). En torno a 150.000 niños han quedado en Ecuador al
migrar sus padres al extranjero (FLACSO-UNFPA, 2008: 38). Los abuelos y otros
familiares han sido los responsables del cuidado de estos pequeños. El testimonio de una madre ha arrojado luz
sobre una de las formas que se han empleado para llevar a los hijos a España,
recurriendo a las azafatas de avión:
Ellos vinieron igual que
nosotros, de ilegales (…) Con la azafata del avión. Se paga un dinero, entonces
la azafata se hace cargo, los coge en Quito, para que nos los entregara en
Madrid (Entrevista 20).
Este testimonio nos permite
observar la diversidad de agentes involucrados en el proceso migratorio, que no
se reduce únicamente a los coyoteros, chulqueros[2] y a las agencias de viajes,
siendo éste un aspecto que requiere una mayor investigación.
La ausencia prolongada de los
progenitores ha tenido importantes consecuencias para el crecimiento y el
desarrollo personal de los niños (Schramm, 2011; Delgado y Veltmeyer, 2016:
113). Una investigación ha señalado que los principales problemas observados
han sido un menor rendimiento en los estudios, mayor incidencia de consumo de
drogas, y tentativas de suicidio (Pribilsky, 2001: 265). James Petras ha
observado en las “relaciones sociales contemporáneas de poder” una causa de
estos problemas psicológicos, por encima del énfasis otorgado de forma habitual
a las experiencias de la infancia o a los factores hereditarios (Petras, 2003:
2).
El norte en el espejo: la
migración desde los países de destino
La situación existente en los
países tradicionalmente industrializados desde las últimas décadas del siglo XX
contrasta de forma llamativa con lo ocurrido a finales del siglo XIX, cuando
tuvo lugar una importante migración de campesinos y agricultores europeos ante
la incapacidad de asegurar su subsistencia en el viejo continente. Murcianos y
vascos acudieron a América Latina, en especial a los países del cono sur, al
tiempo que un número considerable de europeos procedente del norte y este del
continente se dirigieron a Estados Unidos (Sánchez Albornoz, 1973: 174; Thomas
y Znaniecki, 2006). Una época en la que “los pasaportes eran la excepción antes
que la regla” (Bulmer-Thomas, 2002: 244). En nuestro estudio sobre los
movimientos migratorios hemos analizado los diferentes mecanismos legales que
han determinado los flujos de población.
Las restricciones al libre
movimiento de los trabajadores en Estados Unidos se han intensificado desde la
promulgación de la ley IRCA en 1986 (Immigration Reform and Control Act) por la
administración de Ronald Reagan (1981-1989). Durante la presidencia de Barack
Obama (2009-2017) las expulsiones de migrantes indocumentados han aumentado con
respecto a las administraciones precedentes. Como sostiene un artículo
publicado en el Migration Policy Institute, “el razonamiento subyacente fue
impedir que se cruce la frontera de forma ilegal y expulsar a los migrantes sin
autorización antes de que se integren en las comunidades estadounidenses”
(Chishti et al., 2017). La situación ha persistido con el “neoliberalismo
hiperreaccionario” de Donald Trump (Fraser, 2017).
Esta situación ha conducido a una
mayor peligrosidad en la travesía hacia Estados Unidos, donde los migrantes
procedentes de México y Centroamérica han quedado expuestos a mayores riesgos.
Un informe de la OIM ha destacado que “a lo largo de la frontera entre los
Estados Unidos de América y México, las redes de tráfico de migrantes
constituyen una lucrativa industria controlada por grupos de delincuencia
internacional” (OIM, 2018: 90). Un artículo en The New York Times ha denunciado
que las migrantes centroamericanas que cruzan la frontera hacia Estados Unidos
han sufrido abusos por parte de agentes de la guardia fronteriza estadounidense
“durante su horario laboral” (Fernández, 2019).
Esta migración forzada (Veltmeyer
& Delgado Wise, 2018: 96) procedente de los países del sur global ha
enfrentado unas mayores restricciones, complementadas con “programas de
trabajadores circulares migrantes” como las conocidas como Working Holiday
Visa. Estos programas de visados han buscado conciliar las demandas de mano de
obra de los empresarios para ocupaciones de baja cualificación en empresas del
sector agropecuario con el llamado de las mayorías sociales por un aumento de
las restricciones a los flujos migratorios. Estos cambios han implicado que
sean los principales países receptores de inmigración, como el espacio Schengen
europeo, Australia y Japón, los que hayan determinado qué migrantes pueden
acceder y cuáles han de esperar para conseguir la documentación de residencia
(Schierup et al., 2018; Petras, 2007).
Fraser ha observado una división,
originada por estas acciones estatales, entre una población con derechos de
ciudadanía, sujeta únicamente a explotación y una población sin documentación
de residencia y en condiciones más vulnerables, sujeta a formas más intensas de
expropiación, siendo la posesión de nacionalidad el criterio que ha efectuado
estas divisiones (Fraser, 2016b). En el discurso público ha prevalecido una
retórica política excesivamente centrada en la ilegalidad que considera a los
extranjeros sin documentación como “sujetos pasivos de los que se puede
prescindir en caso de crisis” (Manzanera-Román et al, 2018: 480). Hobsbawm
había advertido a finales del siglo pasado sobre esta tendencia a la creación
de “sociedades esencialmente desiguales” (Hobsbawm, [1995]2012: 561).
En el año 2000 un 77% de los
migrantes recién llegados desde Ecuador no tenía documentación de residencia
(Córdoba, 2015: 76). La promulgación del Real Decreto 2393/2004 permitió a unos
200.000 migrantes ecuatorianos acceder a la documentación de residencia legal
(Jokisch, 2014). Sin embargo, muchos de los trabajadores que realizan su
actividad bajo el sol de la huerta en el levante español, o trabajan en las
campañas de recogida de uva de mesa en Totana (Murcia), se han visto afectados
por la temporalidad del trabajo agrícola, marcado por la estacionalidad de las
cosechas. Los ecuatorianos, al igual que los trabajadores de África o Rumanía
llegados a España han trabajado en los duros y pobremente pagados empleos en la
agricultura con el fin de comenzar a devolver los cuantiosos intereses del
préstamo con el que han financiado el viaje a España.
En el próspero sector agrícola
murciano, totalmente internacionalizado y abierto a los mercados extranjeros,
los salarios de los trabajadores agrícolas migrantes han oscilado entre las
5.000 pesetas al día (30 euros) o 2,41 euros/hora, según diversas fuentes
(Pedone, 2007: 264; Martínez Valle, 2004: 39). Los diferentes grupos étnicos,
como los magrebíes y los ecuatorianos en Murcia, se han visto obligados a
competir con el resto de los extranjeros por estos empleos mal pagados
(Pedreño, 2001). Cualquier intento de organización de estos trabajadores será
más difícil por factores como las “lealtades parroquiales y las obligaciones de
generar ingresos extras para prioridades comunales” (Davis, 2000: 102).
La falta de documentación de
residencia ha obligado a los trabajadores migrantes a “medir más por lo bajo
sus propias necesidades” (Weber, 1991). Proletarios perfectos, de acuerdo con
Davis, “que viven sólo para trabajar y enviar dinero a casa” (Davis, 2000:
111). Desde que los migrantes llegan a territorio español hasta que consiguen
la documentación de residencia dependen de sus vínculos y relaciones con
conocidos, familiares que les ayudaron a llegar al país o a encontrar
alojamiento y empleadores que les otorgan acceso a un primer trabajo, así como
otros agentes involucrados en el proceso migratorio, como los sindicatos, que
han defendido los derechos de muchos ecuatorianos frente a impagos de los
empresarios. Los migrantes en muchos casos no han podido ejercer sus derechos
con la misma libertad que los ciudadanos o los extranjeros con documentación.
Esto les ha dejado en la práctica indefensos frente a las injusticias cometidas
en “el ámbito de las negociaciones de poder con los ciudadanos y otros
extranjeros legales, ambos en su calidad de personas particulares” (Guerrero,
2007: 103).
Esta difícil situación que
afrontan los recién llegados, intranquilos por carecer de permiso de
residencia, los obliga a tomar precauciones en su trato diario con los
empresarios, autoridades e instituciones. Una situación que cambia en el
momento en que se satisfacen las deudas del viaje y se consigue la tarjeta de
residencia, logrando una mayor estabilidad, lo que evidentemente lleva a que
estos migrantes pierdan la disposición por realizar los empleos más duros y en
condiciones más precarias (Theunissen et al, 2018: 22).
Diferentes investigaciones
realizadas a principios de siglo en Estados Unidos reflejaron que los
inmigrantes latinos se han visto “ampliamente excluidos de los sectores punta”
(Davis, 2000: 119). Datos oficiales para septiembre de 2018 en Estados Unidos
han mostrado que un 45,5% de los visados temporales se han otorgado para tareas
de jardinería. Muchos de los visados se han concedido para trabajar en puestos
que requieren poca cualificación como el mantenimiento de jardines y bosques,
industrias conserveras de pescado o ferias (U.S. Department of Labor, 2018). En
contra de extendidas creencias, la investigación empírica ha demostrado que los
trabajadores extranjeros procedentes del sur global han trabajado en empleos
surgidos a consecuencia de estos flujos migratorios, como los restaurantes
chinos, o han reemplazado a una fuerza de trabajo con mayores derechos y mejor
remunerada, como ha sucedido en la construcción (Davis, 2000: 113; Petras,
2007). Teniendo en cuenta la dificultad de llevar a cabo un cálculo exacto, de
acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística en el
primer trimestre del año 2011 residían en España 1.070.200 ocupados procedentes
de América Latina, de los cuales un 79% han trabajado en ocupaciones
elementales, Trabajadores de los servicios de restauración, personales,
protección y vendedores y Artesanos y trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras y la construcción. Poco más de 60.000
latinoamericanos aparecen registrados como técnicos y profesionales científicos
e intelectuales.
La llegada de extranjeros en
momentos de crisis, con unos servicios públicos saturados y pobremente
financiados ha incrementado las tendencias xenófobas. En palabras de Fontana,
“basta ver lo que ha ocurrido con la fracasada operación humanitaria para acoger
a los fugitivos de la guerra de Siria. La alarma despertada entre los
ciudadanos europeos por los costes de la acogida ha favorecido el resurgir de
fuerzas de derecha dura que quieren preservar el bienestar propio con el
rechazo de los extranjeros” (Fontana, 2017: 630-631; Streeck, 2018a). Gobiernos
antiinmigración han defendido un populismo nativista con carácter reaccionario,
donde “manda la mayoría y no hay derechos para las minorías” como ha señalado
Madeleine Albright (Mars, 2018). Esta corriente autoritaria se ha materializado
en el gobierno de Viktor Orbán en Hungría, la llegada al Palácio do Planalto en
Brasil de un nostálgico de la dictadura militar como Jair Bolsonaro, el partido
polaco Ley y Justicia o la formación política Vox en España, asesorados por
intelectuales orgánicos como Steve Bannon, quien organizó la campaña política
del presidente estadounidense Donald Trump. Delgado-Wise ha advertido que “el
propósito subyacente de esta estigmatización es garantizar el suministro de
fuerza de trabajo barata y desechable” (Delgado Wise, 2019b: 5).
Ante la confusión que produce el
término populismo, conviene recordar la definición de Touraine, “un intento de
control antielitista del cambio social” (Touraine, 1988, en Dabène, 2010: 82),
que puede darse tanto por fuerzas que persigan una transformación de la
estructura productiva y una extensión de los derechos democráticos a toda la
ciudadanía como por formaciones que busquen apuntalar la estructuras que
facilitan la acumulación de beneficios y la persistencia de la desigualdad en
la sociedad. Décadas de correctivos neoliberales han dado lugar a un profundo
rechazo hacia los partidos y élites políticas tradicionales por parte de unas
mayorías que no se han beneficiado de una globalización hegemónica, en muchos
aspectos cosmopolita y excluyente. Estas condiciones han dado lugar al
surgimiento de un “retorno de lo reprimido” en amplios sectores de la población
trabajadora (Streeck, 2017b). Como ha señalado Carrillo, “este esencialismo económico que
subestima o rehúye los factores sociales, políticos, culturales y ambientales o
de cualquier otra índole, provoca inevitablemente la erupción de los
particularismos culturales, precipita estallidos nacionalistas, acrecienta la
estratificación cultural, la desigualdad en sus múltiples campos y provoca
migraciones forzadas” (Carrillo, 2018a: 16)
El incremento del control en los
flujos migratorios ha sido posible por el considerable desarrollo tecnológico
que puede observarse en las infraestructuras aduaneras y las nuevas tecnologías
empleadas en la seguridad. Esta gestión de la migración se ha extendido a los
países situados en el sur global, como reflejan los acuerdos establecidos con
México o Libia (Agustín y Jørgensen, 2019: 11). No es preciso insistir en las graves
violaciones de derechos humanos que han comportado estas políticas, marcadas en
el recuerdo de catástrofes humanitarias como las que han tenido lugar en la
isla de Lampedusa o en Calais (The New York Times, 2016). En España, el Real
Decreto Ley promulgado por la administración de Mariano Rajoy (2011-2018) ha
reducido los derechos a la asistencia sanitaria para los extranjeros desde el
momento en que “suprimió la universalidad de la asistencia sanitaria
establecida en la Constitución Española” (Manzanera-Román et al, 2018: 481),
con las graves consecuencias que ha tenido para la salud pública en el caso de
la llegada de personas afectadas por patologías infecciosas. Las políticas
neoliberales, tras décadas de severos recortes presupuestarios, han socavado la
capacidad de atender a los refugiados a través de las instituciones públicas,
dejando estas complejas tareas, que requieren de una administración coordinada
a nivel estatal, a la denominada sociedad civil formada por jóvenes voluntarios
en proyectos financiados por entidades representantes del sector bancario y
financiero (Fundación Botín, 2017).
Panitch y Konings han señalado
que estos programas de ajuste estructural, recetados por las instituciones como
el Fondo Monetario Internacional y aplicados con entusiasmo por gobiernos de
todo signo político no han supuesto el fin de las rigideces atribuidas a
cualquier tipo de regulación y política estatal que, como opinaba Hayek, podían
conducir a un camino de servidumbre. Por el contrario, estas políticas de
modernización y liberalización “arraigaron más profundamente las formas y
principios financieros en el tejido de la sociedad” (Panitch y Konings, 2009:
64). De acuerdo con Carrillo, esta agenda política ha conducido a
“instrumentalizar la política estatal en favor de una minoritaria clase social”
(Carrillo, 2019). Un trabajo de investigación ha señalado que las trabajadoras
migrantes de República Dominicana han reemplazado a las empleadas domésticas
españolas durante la década de 1980 en municipios madrileños como Pozuelo de
Alarcón (Martinez Veiga, 2004: 141-145). Estas trabajadoras procedentes de
países pobres “asumen el trabajo reproductivo y de cuidados antes desempeñado
por mujeres más privilegiadas” (Fraser, 2016: 128).
De acuerdo con un informe de la
Organización Internacional del Trabajo, en el año 2005 una de cada tres
empleadas domésticas extranjeras en España era ecuatoriana (ILO, 2013: 36). La
reducida inversión por parte del gobierno español en protección social ha
implicado una escasez de recursos para atender a las necesidades de las
familias con ancianos que cuidar. Muchas parejas profesionales de clase media
han recurrido al trabajo asalariado de niñeras o empleadas domésticas, gran
parte de ellas latinoamericanas (Herrera, 2007). De acuerdo con Eurostat, el
gasto en protección social en España ha supuesto un 20,1% del PIB en 2005,
frente a una media europea de un 26%. Las tareas del hogar, que han sido
cruciales para asegurar la reproducción social de las familias, en el pasado se
llevaron adelante gracias al duro trabajo de las mujeres, especialmente
nuestras madres y abuelas. En la actualidad las empleadas asalariadas han
sustituido al trabajo familiar, “mercantilizando cada vez más tareas
domésticas” (Harvey, 2014: 121). Muchas de estas trabajadoras han contado con
titulación universitaria en Ecuador, pero a su llegada a España se han visto
obligadas a “empezar desde abajo en su nuevo país de residencia para poder
sobrevivir, realizando jornadas laborales de diez y doce horas recibiendo a
cambio sueldos inferiores al que tienen la mayoría de los españoles en aquellos
años” (Córdoba, 2015: 82).
De acuerdo con Harvey, “Lo que es
aún más odioso es que el nivel de remuneración también varía según el género,
la raza y la etnia entre trabajadores con la misma ocupación y tareas
idénticas” (Harvey, 2014: 122). Las estadísticas han revelado que los
trabajadores procedentes del extranjero, incluyendo a aquellos hijos e hijas de
migrantes en España con doble nacionalidad, han recibido unos salarios menores
de los que han recibido los trabajadores autóctonos (Unión General de
Trabajadores, 2015).
Las redes migratorias han
dependido de los diversos tipos de capitales con los que cuentan cada uno de
los migrantes. Estos recursos han adoptado diversas formas, desde capital
cultural (un mayor nivel de estudios o una mejor educación que facilite las
tareas de adaptación al nuevo entorno), capital social (disponer de contactos y
conocidos en el lugar de destino) y capital simbólico (contar con la confianza de
los vecinos o un cierto renombre en la comunidad de origen), lo que ha
permitido que se establezcan entre estas poblaciones migrantes “redes de
confianza” (Tilly, 2007). Estas redes han funcionado como cadenas de
transmisión de las perspectivas y oportunidades que ofrece el país de destino,
permitiendo a los migrantes organizar sus viajes gracias a estos flujos de
información (Chomsky, 2018). Un trabajo clásico ha señalado la existencia de
estos vínculos entre migrantes, tanto vínculos fuertes con paisanos procedentes
de Ecuador, en el caso de estudio que nos ocupa, como vínculos débiles con
españoles autóctonos o migrantes procedentes de otros países (Granovetter,
1973). Los migrantes han establecido estos contactos en lugares de
esparcimiento como las canchas donde habitualmente se reúnen los ecuatorianos
que viven en España para jugar ecuavóley.
Amigos tal vez de Cuenca, que yo
recuerde en Pamplona había un amigo nuestro, con unos curas fue para allá a
Pamplona. Ese era el único contacto que teníamos para esas fechas, después ya,
empezamos a llegar y todos ahí (Entrevista 1).
Puede observarse que la llegada
de los migrantes pioneros explica los mayores flujos de migración hacia un
destino concreto. En el campo social de los migrantes, agentes que han contado
con posiciones más elevadas de capital social y cultural, como los profesores y
profesoras emigrados a España, han sido los principales contactos para los
recién llegados desde la provincia amazónica:
Yo cuando lo cogí era un piso muy
bonito en el centro de Pamplona, en la zona vieja, costaba su dinero pero mucha
gente, amigos míos, como la migración era diaria, mucha gente llegaba a Madrid
(…) me pedían posada, en cuestión de mes y medio, ese piso lo tenía con cerca
de treinta personas viviendo allí. Amigos, familia que venía, yo nunca hice eso
de cobrarles el arriendo como hicieron esos pisos patera (Entrevista 1).
Este testimonio nos señala una de
las primeras formas de expropiación que han sufrido muchos migrantes a manos de
arrendadores sin escrúpulos, debiendo abonar importantes cantidades por una
habitación en condiciones de hacinamiento, con las deudas de la migración aún a
sus espaldas. De acuerdo con Martínez Carrión, el entorno al que han llegado
los migrantes se ha caracterizado por la insalubridad y la precariedad de
muchas viviendas en las que se han alojado estas personas, tanto en las
ciudades como en los pueblos (Martínez Carrión, 2005: 56). Unas realidades
expresadas por una de las entrevistadas en España:
Esa casa no tenía ni luz, ni agua
para ducharse. Nosotros cogíamos (...) los tanques de gasoil, le habían hecho
cortar por la mitad y teníamos una chimenea grande. Calentábamos el agua y ahí
nos duchábamos. Ocho meses estuve, mi marido (estuvo) más tiempo. De ahí ya
venimos aquí al pueblo (Entrevista 20).
En los primeros momentos de la
migración los recién llegados a España han debido afrontar condiciones como
éstas. En muchas ocasiones estos pioneros han debido aventurarse solos hacia un
país desconocido sin ningún contacto en el lugar de destino, hasta que se
establecen nuevas redes sociales que permiten un acceso más favorable a empleos
y alojamientos. Como ha señalado una entrevistada:
(Encontré el primer trabajo en
España) por ayuda de otros familiares. Como vine embarazada, tuve (a) mi hijo,
no tenía papeles para trabajar. Tengo una hermana aquí, ella dejó un trabajo y
me lo dejó a mí, cuidando unas crías en una casa a la mañana (Entrevista 16).
Las entrevistas nos muestran cómo
en muchas ocasiones las migrantes se han ayudado entre sí. Las mujeres
ecuatorianas entrevistadas han trabajado en las fábricas de calzado de Elche, o
en el servicio doméstico y la limpieza de hogares, oficinas y emplazamientos
industriales como fábricas y laboratorios. De acuerdo con Davis, este tipo de
sectores “ofrecen las mínimas oportunidades para movilidad vertical o incluso
horizontal” (Davis, 2000: 106). Una joven migrante ha relatado su experiencia
particular:
Unos días estuve en Valencia,
sería una semana o así, luego ya me fui a Elche. Vivía con mi pareja de
entonces, y más gente que eran ecuatorianos de aquí de Zamora. (…) Trabajé en
una fábrica de zapatos, me adapté bastante rápido. Una amiga de ahí del piso,
que era de Zamora me avisó, me fui a la entrevista y enseguida empecé a
trabajar.
(Trabajaba) desde la mañana hasta
la noche, a las 9. (Descansábamos) al mediodía. A la una salíamos y entrabamos
a las dos y media. El sueldo me parecía muy bueno porque aquí (en Zamora) se
gana bastante poco (Entrevista 5).
De estas entrevistas podemos
deducir las limitaciones que las redes imponen a las oportunidades de empleo
disponibles para hombres y mujeres, lo que ha contribuido a que persistan con
pocas alteraciones las divisiones tradicionales por género (Davis, 1999: 51;
Hagan, 1998: 60). Los migrantes han podido ofrecer ayuda en la medida en que se
lo ha permitido su propia situación, ya que los conocidos y familiares que
reciben a los recién llegados también afrontan difíciles situaciones de
precariedad e inestabilidad económica (Davis, 2000: 104).
Las tareas que han desempeñado
las mujeres migrantes ecuatorianas (y un número nada despreciable de hombres)
en domicilios particulares como empleadas domésticas internas, ha implicado
dificultades adicionales. Herrera ha mostrado el caso de una empleada doméstica
sin contrato de trabajo ni documentación de residencia pese a contar con dos
años de experiencia trabajando para los mismos empleadores (Herrera, 2007:
291). De acuerdo con Córdoba, las empleadas domésticas que han trabajado en más
de un domicilio no han sido dadas de alta en la Seguridad Social (Córdoba,
2015: 81). Los migrantes han tenido dificultades para obtener un registro de su
experiencia laboral a causa del carácter informal de sus trabajos, como ha
analizado Hagan en su estudio realizado en Estados Unidos (Hagan, 1998: 65).
Esta situación ha colocado a los migrantes en una situación difícil ya que
muchas instituciones y servicios del estado requieren pruebas documentales
oficiales como el informe de vida laboral, uno de los más solicitados por las
personas migrantes. Muchas trabajadoras han debido afrontar, además de
reducciones en el salario y jornadas de trabajo más exigentes, una presión adicional
de sus empleadores en su vida cotidiana, que en muchos casos conlleva unas
rígidas relaciones verticales y cuestionamientos sobre su “decencia y
honestidad” (Pedone, 2007: 272). Una entrevistada experimentó en primera
persona esta situación:
El hijo de ella (de la dueña de
la casa) (...) cuando empecé a trabajar me miraba mucho el bolso, me miraba… y
por dejarlo tranquilo, cada vez que me abría la puerta yo abría mi bolso, para
sacar algo (le decía) “no llevo nada”, pero bueno, como a una le conocen hasta
me dejaban las llaves y todo. Tenía cinco o seis juegos de llaves de las casas
que iba. (Los empleadores) se iban de vacaciones y me dejaban sola (Entrevista
11).
No puede dejar de señalarse en
este tipo de casos la normalización con la que las trabajadoras perciben estas
situaciones. Muchas de las trabajadoras domésticas ecuatorianas cuentan con
educación secundaria y superior, y han trabajado como maestras, enfermeras o
administrativas en Ecuador. Esta experiencia supone un beneficio añadido para las
familias que les encargan el cuidado de los más ancianos y la educación de sus
hijos (Pedone, 2007: 257). Los migrantes ecuatorianos en muchas ocasiones han
desempeñado tareas por encima de su categoría profesional, recibiendo
remuneraciones mínimas por un trabajo que requiere conocimientos y
cualificación especializada (Pedone, 2007: 264). La falta de cumplimiento de
los derechos laborales ha implicado que muchos de los trabajadores ecuatorianos
hayan quedado desprotegidos ante prácticas de los empresarios agrícolas que
recuerdan a las prestaciones gratuitas de trabajo propias de los huasipungueros
en las haciendas de la sierra ecuatoriana (Martínez Valle, 2014: 67). En
palabras de un ciudadano ecuatoriano residente en España:
Trabajaba de corrido, todo el
día. Antes había un español que los domingos se hacía (una jornada de trabajo)
para él. El sábado en la empresa y el domingo para él. Yo trabajaba pero no
cobraba, eso ya me lleva el encargo que le ayude, (me) dice vente conmigo el
domingo (…) Cortar ramas, o coger olivas, o echar herbicida a la hierba.
(Trabajábamos) en su campo. A nosotros no (nos pagaba), me llevaba a la casa,
nos daba de comer, dinero no (nos pagaba) pero sí nos daba de comer. Eso era
cada domingo (Entrevista 19).
Este tipo de abusos, bastante
generalizados como se puede deducir de este testimonio, son un reflejo de la
situación de falta de derechos laborales que constantemente han dejado a los
migrantes indocumentados indefensos frente a estas prácticas de explotación.
Por otra parte, en contra de la opinión de la economía neoclásica, la realidad
del trabajo informal dista mucho de estar formada por potenciales emprendedores
en búsqueda de una maximización de sus ganancias. Como advierte Davis, “nunca
se puede disponer libremente del espacio” (Davis, 2014: 237). La investigación
de Hagan, realizada en Estados Unidos, ha señalado la existencia de situaciones
de explotación entre los recién llegados y los migrantes más veteranos (Hagan,
1998: 56). En el mercado informal de trabajo español han proliferado los
intermediarios, como los furgoneteros o los jefes de la cuadrilla, que han
ejercido tareas de control de los trabajadores migrantes que esperaban en los
puntos donde acudían cada mañana a buscar su jornal, en lugares como la plaza del
Óvalo de Lorca (Pedreño, 2005: 89). Los intermediarios recogen en estos
emplazamientos a los migrantes para trasladarlos a las agroindustrias donde
realizan su actividad. De acuerdo con el testimonio de una entrevistada:
El trabajo era bastante duro (…)
en cuclillas o arrodillado, cuando se (recoge la) lechuga, es muy cansado, se
termina tarde, reventado con los riñones. Pero bueno muy bien, con mi
cuadrilla, con los que conocía yo, hacíamos comida, si tocaba a fiesta nos
íbamos... (Entrevista 12)
Al igual que esta chica, muchos
migrantes se han montado cada mañana en anticuados autobuses que los han
transportado a las factorías agrícolas, donde han permanecido todo el día hasta
que regresaban a sus hogares al ocaso. El trabajo que han desempeñado, y las
aportaciones de los migrantes al crecimiento económico de las regiones donde se
han instalado, en muchas ocasiones ha pasado desapercibido para la mayoría de
los ciudadanos, debido a la segregación en la que han vivido estas familias.
Jokisch ha analizado el proceso extraordinario de regularización de migrantes
que ha tenido lugar en España en el año 2001, tras un trágico accidente en el
que fallecieron 12 ecuatorianos indocumentados y que carecían de contrato
laboral, cuando el vehículo que los conducía al trabajo fue arrollado por un
tren en un paso a nivel mal señalizado en Lorca (Murcia). El accidente impulsó
a muchos de ellos a unirse en un importante movimiento de protesta, una “marcha
por la vida” en la que los ecuatorianos se manifestaron por la legalización de
los migrantes indocumentados (Jokisch, 2014; Diario El Mundo, 2001).
Las trabajadoras domésticas, para
lograr empleo, en muchos casos dependen de las referencias proporcionadas por
sus mismas empleadoras o las recomendaciones de otras compañeras. Muchos otros
migrantes han debido trabajar en los escalones más precarios del empleo
informal, como los vigilantes de aparcamientos o los chatarreros y cartoneros.
Estas personas, montadas en oxidadas bicicletas con cajas de plástico a modo de
improvisados remolques, en muchas ocasiones trabajan para intermediarios que se
benefician del trabajo de recolección que realizan a lo largo de todo el día,
con el fin de obtener al final de la jornada unas monedas para subsistir. De
acuerdo con datos de la prensa murciana, un cartonero recibe una ganancia de 15
céntimos el kilo por el trabajo de recolección (López, 2012). Estos vínculos
han conformado “una multitud de redes de explotación” (Davis, 2014: 231), que
contra lo que podría sugerir la aparente desorganización del mercado de trabajo
informal urbano, no están a disposición de cualquier desempleado. Como ha
señalado Amis, los sectores monopolizados más lucrativos del mercado de trabajo
informal cuentan con importantes restricciones para los recién llegados (Amis,
1995: 151). En ocasiones pueden advertirse conflictos entre los vigilantes de
aparcamiento informales (conocidos como gorrillas) por las calles más céntricas
y codiciadas por los conductores.
Este mercado de trabajo informal
no se limita a los extranjeros, ya que muchos jóvenes españoles se han empleado
como profesores particulares de inglés. A causa de los reducidos ingresos que
permite esta actividad se han visto obligados a trabajar más horas
autoexplotándose o a reducir las tarifas que solicitan a sus alumnos ante la
competencia cada vez mayor de titulados desempleados que ofrecen clases
particulares. Este proceso de precarización ha sido definido como involución
urbana (Davis, 2014: 234).
La crisis económica de 2008 y sus
efectos en la migración
La crisis sistémica ocurrida en
2008/2009 ha tenido drásticas consecuencias para los migrantes y los ingresos por remesas del país andino.
Estas remesas, gracias al esfuerzo de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior,
han supuesto un importante beneficio para Ecuador, superando a los ingresos
obtenidos por la exportación de banano. Un porcentaje de estas remesas ha
quedado en manos de las empresas encargadas de realizar los envíos de dinero,
que han cobrado importantes comisiones por esta actividad (Acosta, 2005: 6).
Una de las medidas que se han
tomado para abordar esta crisis ha sido el rescate del sector bancario con
recursos públicos, lo que ha incrementado vertiginosamente la deuda pública de
los gobiernos, como ha sucedido en España. Este endeudamiento se ha convertido
en una importante carga para los estados, que han de abonar en pago de
intereses a los acreedores extranjeros gran parte de sus ingresos fiscales, por
lo que han reducido el gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales públicas,
llegando en algunos casos a vender patrimonio público para satisfacer las
deudas adquiridas con el sector financiero (Hudson, 2018).
Estas reglas políticas favorables
al pueblo de mercado (Streeck, 2016) han sido sancionadas por “una camarilla de
administradores financieros que actúan en nombre de los acreedores, en su mayoría sacados de las
filas de banqueros de inversión” (Hudson, 2016: 349). Muchos de los tecnócratas
presentes en las instituciones del estado y de la Unión Europea han ocupado importantes
posiciones en las instituciones financieras internacionales, como Luis de
Guindos, que trabajó en Lehman Brothers, o Rodrigo Rato, en el Fondo Monetario
Internacional.
España se ha visto
particularmente afectada por la crisis sistémica del año 2008, debido al
desplome ocurrido en el sector inmobiliario y de la construcción, donde han
trabajado muchos migrantes en tareas como la albañilería. Los ocupados
procedentes de América Latina en el sector de la construcción ascendían a
293.400 personas en el primer trimestre de 2008, de acuerdo con los datos del
Instituto Nacional de Estadística. Para el primer trimestre del año 2018 los
ocupados procedentes de Latinoamérica en este sector habían descendido a 50.000
personas, unas cifras que han de tomarse con las precauciones habituales dada
la irregularidad que afecta en ocasiones a los procesos de contratación. La
estrategia liberalizadora seguida desde los años de gobierno de Felipe González
(1982-1996), así como las políticas neoliberales aplicadas tanto por el Partido
Socialista Obrero Español como por el Partido Popular, han implicado una
profundización de la desindustrialización a cambio de una considerable entrada
de fondos europeos, la inserción en la división internacional del trabajo a
través de los sectores turístico e inmobiliario, y la apertura a las
inversiones y al capital extranjero (López y Rodríguez, 2011; Petras, 2018).
El sector público español ha
asumido las pérdidas de las entidades bancarias, como ha ocurrido en el caso de
Bankia, ocasionadas por la concesión de préstamos para proyectos insensatos de
construcción y para la concesión de hipotecas, sin atender a la capacidad de
devolverlas de unos trabajadores empleados en un mercado de trabajo afectado
por una elevada temporalidad (López y Rodríguez, 2011). Los diversos gobiernos
de PP y PSOE han llevado a cabo de forma entusiasta modificaciones
constitucionales que garantizan el equilibrio presupuestario y drásticos y
dolorosos ajustes de gasto público en servicios sociales impuestos por los
tecnócratas de Bruselas. También han tenido lugar diversas medidas que han
privado a los trabajadores de importantes derechos, como la reforma laboral del
año 2012 y limitaciones a la protesta pública tras las manifestaciones del
movimiento 15M (Govan, 2012). Todo ello en un contexto de corrupción y
prácticas clientelistas estructurales, que han socavado la confianza de las
grandes mayorías sociales en las instituciones democráticas. Los servicios
públicos, como escuelas y hospitales de los que dependen la mayoría de familias
para su supervivencia, se han visto golpeados por estas políticas antisociales.
Los recortes también han afectado al importante papel que juega la escuela
pública en proporcionar una mejor capacidad de adaptación y un sólido aprendizaje
a los niños, no importa cual sea su lugar de origen (Harvey, 2013; Streeck,
2016; Fontana, 2016: 441). Como ha señalado Michael Hudson, “el efecto de los
programas de austeridad neoliberal es el de contraer los mercados e inducir la
emigración de los trabajadores, empeorando los déficits internacionales antes
que resolverlos” (Hudson, 2011: 15)
La crisis y la reducción de los
salarios de la población ha afectado a la demanda interna, reduciendo el
consumo, que ha pasado cada vez más a estar sostenido por el crédito (Carrillo,
2018a: 18). Los más perjudicados por el colapso del sector inmobiliario se han
visto privados de medios de vida al perder sus empleos en la construcción e
industrias afines. De acuerdo con las cifras, la población en riesgo de pobreza
en España ha aumentado de un 22,7% en 2008 a un 27,2% en 2016. En el caso de
los extranjeros, un 52,9% se han encontrado en riesgo de pobreza en 2008,
incrementándose a un 60,1% en 2016[3]. Muchas personas sin trabajo en España se
han visto obligadas a recurrir a los bancos de alimentos y comedores sociales a
causa de estas políticas de “austeridad” aplicadas por los gobernantes del
periodo, sancionadas en los tratados de la Unión y observadas por las
instituciones de la Troika (The New York Times, 2012).
A causa de la depresión
económica, muchos migrantes latinoamericanos no han podido llevar a cabo sus
estrategias migratorias consistentes en reunir a sus familiares en España, lo
que ha conducido a mayores “fuerzas de fisión” dentro de la familia (Bourdieu,
2011: 49; Herrera, 2016). Los problemas se han profundizado con la pérdida de
las viviendas de muchos ecuatorianos y españoles que no han podido pagar sus
hipotecas, una “economía de la desposesión de poblaciones vulnerables” (Harvey,
2013: 93). Las familias han sufrido de forma más pronunciada la profunda
recesión económica en su vida cotidiana. El incremento de los desahucios ha
sido una de las consecuencias más visibles de estos procesos de acumulación por
desposesión, lo que ha llevado a movimientos colectivos de organización y
protesta como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Cifras del Instituto
Nacional de Estadística han reflejado que el porcentaje de familias extranjeras
que poseen una vivienda en propiedad ha disminuido de un 31,1% en 2007 a un
18,1% en 2016. Como nos ha recordado Harvey, la posesión de una vivienda
familiar ha supuesto “un medio de ahorro y que el valor de los activos pueda
ser dejado en herencia entre generaciones” (Harvey, 2018b: 449), un activo del
que se han visto despojadas las familias más vulnerables. Las mujeres, debido a
que el sector del servicio doméstico no se ha visto afectado de forma tan
drástica por la crisis de 2008 como el sector de la construcción, han
permanecido en España. Muchos migrantes, en cambio, han optado por retornar a
Ecuador, o se han visto obligados a emprender un nuevo proceso migratorio a
países como Reino Unido o Estados Unidos (Herrera, 2016). Un 67% de la
población española residente en el extranjero en 2019 no ha nacido en España,
lo que podría indicar que muchos migrantes nacionalizados han continuado sus
estrategias migratorias en otros países. Hemos de tener en cuenta que a estas
cifras habría que añadir la no desdeñable cifra de población migrante que no
haya podido o no haya querido registrarse en las instituciones públicas, o que
no cuente con la nacionalidad española.
Muchas familias migrantes han
debido afrontar las inciertas perspectivas de un nuevo proceso migratorio, con
lo que supone para la pérdida de lazos sociales y de amistad construidos en
España. Esta problemática ha afectado especialmente a los hijos e hijas de los
migrantes, que en muchos casos han debido dejar atrás su colegio y sus amigos
para acompañar a sus padres en una nueva trayectoria emigratoria (Córdoba,
2015: 82). Los jóvenes han sido otro sector de la población particularmente
afectado por las consecuencias de la crisis sistémica de 2008. Como ha señalado
Petras, la emigración masiva ha sido una respuesta de la población de países
como España o Irlanda, quienes se han visto forzados a abandonar sus lugares de
origen al igual que hicieron los ecuatorianos dos décadas atrás, “huyendo
masivamente de la perpetua inseguridad en el trabajo impuesta por su élite”
(Petras, 2013). Un economista como Michael Hudson ha señalado que “lo que ahora
está llevando a la mano de obra europea a la emigración es la severa política
de deuda” (Hudson, 2018: 437). De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de
Estadística, la población española residente en el extranjero en el año 2019
asciende a 2.545.729 personas, lo que supone un incremento de más de un millón
de personas con respecto al año 2009. La despoblación se ha convertido en un
problema para una gran parte de la población española residente en territorios
rurales, como han reflejado las manifestaciones que denunciaban la escasa
atención que han recibido del gobierno (Vasco, 2019). Harvey ha señalado que:
“la política urbana neoliberal
(…) concluyó que la redistribución de la riqueza a las barriadas, ciudades y
regiones menos aventajadas era inútil, y que los recursos debían canalizarse,
por el contrario, hacia los polos de crecimiento empresariales más dinámicos”
(Harvey, 2018a: 343).
Muchos de estos migrantes cuentan
con elevadas cualificaciones, sufragadas por el estado español a través de las
universidades públicas, así como por el trabajo de sus familias y de los
propios estudiantes en muchos casos. Este valioso recurso, que en terminología
empresarial se conoce como capital humano, ha impulsado el crecimiento económico
de otros países, como refleja la importante migración de ingenieros españoles
atraídos por las mejores condiciones laborales que ofrece la gran industria
alemana. Con respecto a esta migración de trabajadores cualificados procedentes
de los países del sur global, un estudio ha señalado que el número de migrantes
con titulaciones superiores ha crecido a una tasa de un 2,7% anual entre
1990-2010, frente a una tasa de crecimiento de un 1,8% anual para el conjunto
de la población migrante. Una migración “que se nutre principalmente por
científicos y tecnólogos” procedentes de países como China e India
(Pinazo-Dallenbach y Delgado Wise, 2019: 20-25). Por su parte, las grandes
empresas en Europa han trasladado parte de sus procesos de producción a los países
que se han mantenido fuera de la moneda única como Polonia, donde pueden
acceder a una mano de obra ampliamente cualificada procedente de los países del
sur de Europa con menores costes laborales.
Streeck ha arrojado luz sobre la
contribución que realizan muchos familiares a solventar los problemas de
reproducción social de las familias trabajadoras (Streeck, 2017c: 58). La
escasez de ayudas públicas y servicios como guarderías asequibles ha sido
abordada mediante el trabajo de los abuelos, que cuidan a los nietos durante el
tiempo en que los padres desempeñan sus jornadas laborales. Los jóvenes
desempleados en los países del sur de Europa, ante los problemas de vivienda
originados por la gentrificación, el desarrollo turístico neoliberal y el
incremento del precio de los bienes inmuebles en las grandes ciudades, han de
vivir con sus padres en su etapa adulta. Schaffran y Monkkonen han advertido
sobre:
“el papel crítico del Estado
tanto en producir directamente la gentrificación a través de subvenciones,
incentivos fiscales, recalificaciones y remodelaciones, o más indirectamente a
través de la aplicación/ignorancia de demarcaciones de áreas urbanas,
regulaciones del alquiler y barrios históricos” (Schafran y Monkkonen, 2011:
242).
La ley de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización, promulgada en el año 2013, ha incrementado los
flujos migratorios de trabajadores altamente cualificados e inversores del
extranjero, procedentes de países como Estados Unidos, China y Venezuela,
muchos de los cuales han accedido a la documentación de residencia con la
adquisición de una propiedad inmobiliaria. Datos oficiales señalan que la
concesión de estas autorizaciones se ha incrementado un 22,6% entre 2017 y 2018
(Ministerio de Trabajo, 2019: 16). Estas observaciones son similares a las
reflejadas en un estudio sobre la migración estadounidense en diferentes
ciudades de México. Esta investigación ha advertido que “aparece una migración
heterogénea, tanto geográfica como sociológicamente” (Schafran y Monkkonen, 2011:
226).
Debido a la escasez de empleos
adecuados, muchos jóvenes en el sur de Europa dependen de los ingresos de la
unidad familiar o de unas reducidas prestaciones sociales por desempleo, en el
caso de que dispongan de las mismas. Gran parte de ellos han debido recurrir al
alojamiento en viviendas compartidas. Estos cambios en las condiciones
materiales objetivas necesariamente han ocasionado profundas transformaciones
en las vidas cotidianas, las concepciones mentales y las relaciones sociales y
familiares en las generaciones más jóvenes que requieren de un mayor estudio
(Harvey, 2018a: 385-403). El prolongado desempleo tiene consecuencias
perjudiciales para el futuro de estos graduados universitarios, que enfrentan
importantes dificultades para encontrar un trabajo digno en el mercado laboral.
En palabras de Joseph Stiglitz: “Normalmente, la juventud es un periodo de
construcción de habilidades, pero se ha convertido en una época durante la cual
se atrofian.” (Diario El País, 2012). Ante esta compleja situación, Hobsbawm
reivindica el papel de la educación, mediante “un programa educativo útil que
se dirija a la comunidad de los jóvenes educandos, no sólo dentro de un país o
un círculo cultural, sino también en todo el mundo” (Hobsbawm 2013: 42).
Conclusión
El trabajo realizado supone una
contribución al estudio de las migraciones contemporáneas. La depresión
económica ha afectado gravemente a españoles y extranjeros en España, lo que ha
llevado a muchos migrantes, quienes ya habían sufrido los efectos de una crisis
económica en su país de origen, a efectuar nuevas estrategias migratorias en
busca de mejores oportunidades. Los reducidos ingresos que pueden obtenerse en
la provincia de Zamora Chinchipe (Ecuador), así como la falta de oportunidades
para lograr un sustento a causa de los diferentes procesos de acumulación por
desposesión que han tenido lugar a lo largo de su historia reciente, han
privado de medios de vida a la mayoría de la población zamorana. La migración
ha sido la principal estrategia para asegurar la reproducción social de muchas
familias. El entorno geográfico, las limitaciones en el desarrollo
socioeconómico en la región amazónica y el inmovilismo de muchas instituciones
locales han supuesto importantes obstáculos para lograr una mejora de las
condiciones de vida. El desempleo y la pobreza han afectado también a los
migrantes retornados a Zamora Chinchipe, quienes han recurrido a diversas
medidas de asociacionismo para buscar soluciones a su situación, desde las
asociaciones con propósito laboral a los sindicatos creados en las empresas
extractivas (Diario La Hora, 2016; Diario la Hora, 2015). La escasez
estructural de empleo en estos territorios periféricos rurales se ha agravado a
causa de las estrategias de reducción de costes llevadas a cabo por el capital
inversor presente en el territorio zamorano, ya sean empresas mineras
extractivas, grandes superficies comerciales o agroindustrias como Ecolac
(Martínez Valle, 2014). Estos factores han dejado casi sin fuentes de ingresos
a los habitantes de Zamora Chinchipe, y han restringido las oportunidades de
negocio para gran parte de los pequeños empresarios. Los propietarios zamoranos
de vehículos industriales han denunciado que en muchas ocasiones no han sido
contratados por las empresas extractivas (Diario la Hora, 2013).
Los migrantes en países como
España se han visto afectados por graves situaciones de precariedad e
inestabilidad, que los han privado de importantes derechos laborales y los han
empujado a situaciones de pobreza. Una pobreza que no sólo implica la falta de
ingresos, sino que, como ha señalado un estudio publicado en la revista
Science, “el contexto mismo de la pobreza impone una carga y dificulta la
capacidad cognitiva (…) evocar preocupaciones financieras tiene un impacto
cognitivo comparable con perder una noche completa de sueño” (Mani et al.,
2013). Los migrantes en España han debido trabajar en los empleos menos
atractivos, con peores condiciones laborales y más exigentes física y
psicológicamente (por señalar un caso concreto, el cuidado de ancianos con
problemas de salud mental). Los migrantes han trabajado en sectores con escasas
expectativas de movilidad ascendente, recibiendo salarios menores a los que
perciben los trabajadores autóctonos, lo que perpetúa su situación de exclusión
social y los ha llevado a “una situación casi insostenible” (UGT, 2015: 37).
Las políticas que han favorecido
la entrada de mano de obra extranjera para realizar tareas de poca
cualificación han incrementado las divisiones en la sociedad entre aquellos que
disponen de derechos de ciudadanía y los que carecen de documentación de
residencia legal, viéndose estos últimos sujetos a mayores injusticias y
abusos. Es importante tener en cuenta que los sectores más vulnerables de las
clases trabajadoras autóctonas se han visto afectados negativamente por la
llegada de trabajadores extranjeros. La disponibilidad global de trabajadores
desempleados presiona a la baja los salarios de los trabajadores poco
cualificados autóctonos, al tiempo que los servicios públicos, como colegios y
hospitales de los que dependen tanto españoles como extranjeros, no cuentan con
una financiación adecuada y existen importantes listas de espera para acceder a
la atención médica. Un empeoramiento de los servicios públicos consecuencia de
años de políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos nacionales, la
burocracia tecnocrática de la Unión Europea y las instituciones supranacionales
como el Fondo Monetario Internacional. Ante los profundos cambios que ha ocasionado
en las sociedades la apertura a la economía globalizada neoliberal, partidos
políticos reaccionarios han enarbolado una ideología tradicionalista,
chovinista y de rechazo a los extranjeros. Un proceso similar al analizado hace
más de medio siglo por Eric Wolf en su estudio del campesinado latinoamericano:
“una tendencia predominante hacia la endogamia comunitaria” (Wolf, 1955: 459).
Estos desarrollos políticos han
incrementado la desigualdad entre las clases más privilegiadas, quienes se han
beneficiado en mayor medida de la evolución de la economía global, y las
grandes mayorías que han sido dejadas de lado de este crecimiento económico
(Streeck, 2017a).
Delgado-Wise nos advierte sobre
la necesidad de prestar una mayor atención a las contribuciones de los
trabajadores migrantes en los países de destino, atendiendo a los ingresos
fiscales recibidos por las haciendas estatales a través del trabajo y consumo
de los trabajadores migrantes, ya sean con papeles o sin papeles. En contra de
la percepción que representa la migración como un acto de generosidad por parte
del país receptor, es preciso señalar que la migración beneficia en diversos
aspectos a los países del norte, permitiendo a los empresarios disponer de una
mano de obra más barata y reemplazando las obligaciones del estado en materia
de protección social, que han sido sustituidas por el trabajo asalariado de las
empleadas domésticas (Delgado-Wise, 2014: 657; Wallerstein, 2015). Por otra
parte, una elevada emigración de mano de obra implica la pérdida de
profesionales cualificados que podrían permitir un mejor desarrollo de las
fuerzas productivas en los países del sur global. La formación en las
universidades del sur de una fuerza de trabajo altamente calificada de la que
no se benefician los países expulsores de población supone, de acuerdo con
Delgado-Wise, un elevado gasto para las haciendas públicas de los países del
sur y un subsidio para las economías radicadas en el norte (Delgado Wise, 2014:
657). Un fenómeno que Hirschman definió como factores de polarización
(Hirschman, 1961: 187-190)
Continuar con estas
investigaciones nos permitirá, como ya afirmó en el pasado Durkheim, ampliar
nuestro conocimiento científico marcando distancias con aquellos enfoques que
no hayan considerado en su estudio “los hábitos, las tradiciones, la
constitución mental del hombre y de las sociedades” (Bourdieu et al., 2005:
163). Frente al impresionante desarrollo de la ciencia y la tecnología, Samir
Amin ha advertido sobre los riesgos que presenta desaprovechar estas
posibilidades “bajo las exigencias de su sumisión a la lógica de la persecución
sin fin de la acumulación de capital” (Amin, 2009). Este trabajo supone una
pequeña contribución a la reconciliación de “los requisitos del cambio
económico con la imagen del cambio enfocada al grupo” (Hirschman, 1961: 25),
consiguiendo así ampliar nuestros horizontes para buscar nuevas alternativas a
las realidades en las que nos encontramos.
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Notas
[1] En Ecuador se conocen como
mingas a las prestaciones de trabajo realizadas en los pueblos por las familias
en beneficio de la comunidad (por ejemplo, los vecinos participan en la
construcción de una iglesia para el pueblo mediante un aporte en horas de
trabajo por parte de cada familia).
[2] El término coyotero hace
referencia a los intermediarios que organizan los viajes hacia Estados Unidos,
mientras que chulquero es la denominación popular de un prestamista privado.
[3] Fuente: Instituto Nacional de
Estadística. Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por
nacionalidad (personas de 16 y más años).
